
La Mesa de Movilización Ciudadana del Foro Acción Amnistía 2026 presentó oficialmente la campaña “Mi Certificación Electoral”, una iniciativa dirigida a que los cubanos dentro de la isla reclamen la Certificación Acreditativa de la Condición de Elector, documento legal considerado clave para respaldar acciones constitucionales orientadas a reformas democráticas profundas.
La campaña parte de una premisa central: el destino de Cuba debe ser decidido por los propios cubanos. Sus impulsores sostienen que la ciudadanía no puede permanecer excluida de los procesos que definen el futuro político del país, especialmente en un contexto marcado por la represión, el encarcelamiento de opositores y la falta de garantías para ejercer derechos fundamentales.
La Certificación Acreditativa de la Condición de Elector no es presentada por los activistas como un simple trámite administrativo. Según la Mesa de Movilización Ciudadana, se trata de una herramienta jurídica que permite a los ciudadanos ejercer nueve acciones legales previstas en la Constitución cubana.
“Es un documento imprescindible para darle validez legal al apoyo que debemos a cualquier iniciativa legislativa o constitucional de cambio democrático”, señaló María Mercedes Benítez, integrante de la Mesa de Movilización Ciudadana.
Benítez recordó además que los ciudadanos tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las cuales están obligadas a tramitarlas y ofrecer respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas. Asimismo, subrayó el derecho de toda persona a solicitar y recibir del Estado información veraz, así como acceder a la generada por sus órganos e instituciones.
Uno de los objetivos de la campaña es respaldar proyectos como la Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, una propuesta que busca la liberación de más de mil prisioneros políticos y la protección de derechos como la libertad de expresión, reunión y manifestación.
De acuerdo con los promotores, para que un grupo de ciudadanos pueda presentar una ley o proyecto en Cuba, se requiere organizar una recolección de firmas con los datos de al menos 10.000 residentes en la isla La certificación permitiría validar oficialmente ese respaldo.
“Debemos formar parte de las decisiones sobre nuestro futuro y construir nuestra propia silla en la mesa donde se decide nuestro destino”, expresó la Mesa de Movilización Ciudadana al defender la necesidad de que los ciudadanos reclamen sus herramientas legales.
Sin embargo, los activistas denuncian obstáculos administrativos para acceder al documento. Gina Gilarty, otra de las impulsoras de la campaña, indicó que los ciudadanos deberían acudir al Consejo Electoral Municipal para solicitar la certificación, siempre que se eliminen las trabas existentes.
Actualmente, según los promotores, el proceso fue centralizado en la Comisión Electoral Nacional. Esa decisión es calificada como una “restricción injustificada” del derecho ciudadano al ejercicio de su soberanía. También advierten que la población no ha sido debidamente informada sobre su derecho a portar este carné electoral.
El Foro Acción Amnistía 2026 insiste en que la campaña está dirigida también a quienes sienten temor de ser expuestos y a los padres preocupados por el futuro de sus hijos. Al obtener la certificación, cada ciudadano adquiriría el estatus legal necesario para firmar peticiones legislativas de forma oficial y dentro del marco legal vigente.