El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, respondió a las nuevas acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de que Washington confirmara la revocación del estatus legal de Carlos Antonio Lloga Domínguez, señalado como exfuncionario de esa entidad oficial cubana.
La reacción del ICAP llegó en medio de una escalada política y legal contra instituciones vinculadas al Estado cubano. A comienzos de junio, el organismo y su empresa afiliada Amistur S.A. fueron incluidos por EEUU en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, una medida que implica restricciones financieras y mayor exposición a sanciones para quienes mantengan operaciones con esas entidades.
Rubio acusa al ICAP de operar como red de influencia del Gobierno cubano
En una publicación en X, Rubio afirmó que “durante décadas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, o ICAP, ha sido un vehículo para el extremismo de izquierda radical y la influencia extranjera subversiva en Estados Unidos y en todo nuestro hemisferio”.
For decades, the Cuban Institute of Friendship with the People – or “ICAP” – has been a vehicle for radical left-wing extremism and subversive foreign influence in the United States and across our hemisphere. ICAP is the Cuban regime’s premier influence and intelligence front…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2026
El secretario de Estado añadió que, según Washington, el ICAP sería “el principal grupo de fachada de influencia e inteligencia del régimen cubano”, al que acusó de usar su red internacional “para espiar a estadounidenses, promover propaganda antioccidental, coordinar operaciones de influencia extranjera y organizar movimientos revolucionarios de izquierda en todo el mundo”.
Rubio también recordó que, a principios de junio, designó al ICAP y a otras organizaciones cubanas bajo autoridades de sanciones creadas por una orden ejecutiva de Donald Trump relacionada con Cuba.
Exfuncionario cubano queda bajo custodia federal en EEUU
El punto más grave del anuncio fue la situación de Carlos Antonio Lloga Domínguez. Rubio indicó: “Esta semana, puse fin al estatus legal de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un exfuncionario del ICAP que mantiene vínculos con la organización. Lloga Domínguez, su esposa y su hijo están ahora bajo custodia federal a la espera de ser expulsados de Estados Unidos”.
El Departamento de Estado sostuvo que Lloga Domínguez trabajó durante más de una década para el ICAP y que habría mantenido vínculos con la organización durante su residencia en EEUU.
Hasta el momento, no se han difundido públicamente detalles completos sobre el tipo de estatus migratorio que tenía, el procedimiento administrativo abierto ni la situación jurídica específica de su esposa e hijo.
Rubio cerró su mensaje con una advertencia directa: “Estados Unidos nunca se convertirá en hogar para comunistas extranjeros que difundan propaganda, dirijan operaciones de influencia subversiva o apoyen movimientos radicales antiestadounidenses dentro de Estados Unidos. Hagan transacciones con el ICAP y serán sancionados, procesados o deportados de nuestro país”.
La respuesta del presidente del ICAP a Marco Rubio
En su respuesta, el ICAP acusó a Rubio de mentir y difamar contra la institución. La entidad sostuvo que el funcionario estadounidense busca desacreditar su legitimidad y atemorizar a grupos de solidaridad con Cuba en el exterior.
El organismo oficial cubano afirmó que continuará con su misión de promover relaciones de amistad con pueblos y organizaciones internacionales, una labor que, según su versión, desarrolla desde hace más de 65 años. “La solidaridad no se puede bloquear”, señaló el ICAP en su respuesta pública.
“Al Secretario de Estado, le molesta sobremanera, que los amigos de Cuba y personas honestas y de buena voluntad, alcen sus voces en contra de la política genocida y criminal del imperialismo yanqui”, sostuvo el exespía cubano Fernando González Llort, actual presidente del ICAP.
El cruce ocurre en un contexto de mayor presión de Washington sobre entidades estatales cubanas y sus redes de apoyo en el exterior. Para La Habana, las sanciones forman parte de una ofensiva política contra sus instituciones. Para el Gobierno de EEUU, el ICAP integra una estructura de influencia alineada con los intereses del régimen cubano.
El caso de Lloga Domínguez añade ahora una dimensión migratoria y judicial al enfrentamiento. La medida abre nuevas preguntas sobre el alcance real de las sanciones, sus efectos sobre ciudadanos cubanos residentes en EEUU y el margen de acción de organizaciones vinculadas a Cuba dentro del territorio estadounidense.
