Los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), también conocidos como “Quédate en México”, son un programa del gobierno de Estados Unidos implementado en enero de 2019 bajo la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Bajo esta política, el gobierno estadounidense retorna a México a ciertos ciudadanos y nacionales de países extranjeros mientras sus procedimientos de remoción avanzan en las cortes migratorias estadounidenses. La medida aplica a personas que ingresan por tierra desde México y ha generado gran controversia debido a los riesgos y condiciones de espera que enfrentan los migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas.
El objetivo del MPP ha sido reducir la presión migratoria en la frontera sur y gestionar de manera más controlada el flujo de solicitantes de asilo en EEUU. Sin embargo, el programa ha sido objeto de fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que los migrantes enfrentan altos niveles de violencia, inseguridad y explotación en las zonas fronterizas mexicanas. Estas organizaciones destacan que el programa pone en peligro a los solicitantes, especialmente a mujeres y menores, quienes son vulnerables a la violencia de grupos delictivos y carecen de acceso a servicios básicos.
En febrero de 2021, el presidente Joe Biden suspendió el MPP, permitiendo que algunos migrantes ingresaran a territorio estadounidense mientras se procesaban sus solicitudes de asilo. Sin embargo, en agosto de ese año, una corte federal en Texas ordenó su reinstauración, un fallo respaldado por la Corte Suprema. En diciembre de 2021, el programa fue reactivado con modificaciones que incluían el compromiso de resolver los casos en 180 días y la administración de vacunas contra el COVID-19 a los migrantes en espera.
Con la reciente victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024, se espera que, tras asumir el cargo en enero de 2025, su administración instruya al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para retomar de lleno el programa MPP. Esta posible reinstauración ha generado inquietud entre organizaciones migratorias, que anticipan una oleada de dificultades adicionales para los migrantes en la frontera.
Si bien el MPP abarca a la mayoría de los adultos que buscan asilo en la frontera sur, menores no acompañados y personas en condiciones de vulnerabilidad extrema pueden estar exentos. México permite que estos migrantes trabajen de forma temporal y tengan acceso limitado a servicios básicos, aunque la infraestructura y los recursos para apoyar a estos solicitantes son limitados en muchas ciudades.
Aunque el programa establece que los casos deben resolverse en 180 días, los migrantes han esperado en muchos casos más de un año debido a demoras judiciales y administrativas. Si bien no es obligatorio tener un abogado, contar con asesoría legal aumenta las probabilidades de éxito en el proceso de asilo. Diversas organizaciones ofrecen ayuda gratuita, pero el acceso a esta asistencia es limitado y desigual en distintas zonas fronterizas.
