El grupo solidario Huellas denunció la retención de ayuda humanitaria recolectada para distribuir entre las familias damnificadas por el impacto del huracán Oscar en Guantánamo. Según las denuncias en Facebook de Johanna Jolá Álvarez, líder del proyecto, las autoridades de ese territorio, al oriente de la Isla, no permitieron la entrega de las donaciones, debido a un supuesto incumplimiento de protocolos.
La activista también denunció un trato represivo contra ella y otros miembros del equipo. “Es indignante que se nos trate como si fuéramos delincuentes, cuando solo hemos ido a ayudar, cuando ellos mismos son testigos de todo lo que hemos hecho en San Antonio del Sur, Imías, Baracoa y Maisí”, manifestó.
Asimismo, agregó: “Ahora resulta que están investigando sobre nuestra estancia en Baracoa e interrogando a quienes compartieron con nosotros la cena de fin año tan llena de amor, humanismo y alegría. Es increíble que hayan ido a interrogar a Joelmis y otros damnificados como si fuésemos no sé qué”.
Las donaciones retenidas por las autoridades comunistas estaban destinadas a familias damnificadas, instituciones educativas, bibliotecas y centros de salud en diferentes municipios.
El conflicto se originó cuando las autoridades locales convocaron al equipo a una reunión en el Gobierno Provincial de Guantánamo. Allí, representantes como Daysi Sarmientos y funcionarios de Comercio Exterior argumentaron que las donaciones incumplían un protocolo establecido recientemente.
Huellas, que ya había realizado dos viajes previos a la provincia sin inconvenientes, afirmó no haber sido informado sobre este nuevo procedimiento. “Ni ellos mismos nos supieron explicar sobre ese protocolo o procedimiento establecido según ellos recientemente, o sea, en los últimos 15 días”, señaló Jolá Álvarez.
Pese a los esfuerzos del grupo por justificar su labor y presentar pruebas de transparencia, como facturas y registros de donaciones, las autoridades se mantuvieron firmes en su decisión.
Hace unas semanas, el equipo de activistas denunció el robo de donaciones dirigidas a los afectados por dicho ciclón, cuyo impacto ocurrió el 20 de octubre del año pasado, mientras toda la Isla atravesaba por una crisis del sistema electroenergético nacional, que había provocado un apagón masivo en más del 90% del país.
Huellas replicó las denuncias de residentes guantanameros, quienes expresaron sus quejas por el desvío de recursos y la venta de colchones donados a precios que varían inexplicablemente, pese a ser del mismo tamaño.
Durante un recorrido por San Antonio del Sur, el equipo de activistas documentó diferentes negligencias cometidas por las autoridades. Entre los hallazgos, se reporta una acumulación de más de 20 colchones nuevos y una pila de sábanas inutilizadas que llevaban más de ocho meses almacenados en las afueras de oficinas gubernamentales.
