Cinco comercios privados de Bayamo, en la provincia de Granma, fueron clausurados este miércoles por autoridades cubanas después de que presuntamente se negaran a recibir pagos mediante transferencias electrónicas. Los establecimientos también serán sometidos a revisiones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), como parte de la ofensiva oficial para obligar al sector privado a incorporar los canales digitales de cobro.
La emisora estatal CMKX Radio Bayamo dio a conocer las sanciones durante la mañana y atribuyó la información al perfil oficialista Coordinadora Economía, utilizado por las autoridades provinciales para divulgar medidas relacionadas con el comercio y la actividad económica.
La misma cuenta confirmó posteriormente en Facebook que los cinco locales habían sido cerrados “por no aceptar transferencia al pueblo” y adelantó que la ONAT revisará la situación tributaria de sus propietarios. Hasta el momento, el gobierno no ha publicado los nombres de los negocios afectados ni ha informado sobre posibles sanciones adicionales.
Régimen intensifica cierres de negocios
La actuación no tomó por sorpresa a los comerciantes de Granma. El pasado 31 de julio, Coordinadora Economía había anunciado que grupos multidisciplinarios recorrerían establecimientos para comprobar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los cobros digitales.
En aquella advertencia, las autoridades incluso divulgaron el distintivo destinado a identificar los locales clausurados. La pegatina llevaba la frase “Establecimiento cerrado por orden ONAT”, acompañada del mensaje “Tu responsabilidad tributaria marca la diferencia”.
Las sanciones en Bayamo ocurrieron apenas un día después de otro amplio operativo estatal en Sancti Spíritus, donde inspectores impusieron más de 200 multas y ordenaron el cierre de al menos cinco negocios. Las principales infracciones señaladas estuvieron relacionadas con los precios y los mecanismos electrónicos utilizados para efectuar pagos.
De igual manera, se supo que en Mayabeque se estaba incrementando la presión en contra de varias Mipymes, las cuales se negaron a entregar dinero en efectivo a los jubilados de la zona, una medida que había sido anunciada por el régimen castrista en meses anteriores.
Más de 15.000 multas vinculadas a las transferencias en Cuba
Entre las prácticas cuestionadas por las autoridades espirituanas aparecieron comercios que rechazaban transferencias y otros que fijaban precios distintos dependiendo de si el comprador pagaba en efectivo o mediante plataformas digitales.
Datos divulgados previamente por el gobierno sitúan en más de 15.240 las multas aplicadas por incumplimientos vinculados con los pagos electrónicos, además de 269 cierres de establecimientos. La presión oficial continúa pese a los frecuentes problemas de conexión a Internet y a las denuncias de emprendedores que aseguran necesitar efectivo porque numerosos proveedores tampoco reciben transferencias.
La política de fiscalización también se extiende a otros frentes del sector privado. En Granma, las autoridades convocaron recientemente a mipymes y trabajadores por cuenta propia dedicados a importar alimentos y artículos de higiene para buscar “soluciones conjuntas ante el cruel bloqueo yanqui”.
En Guantánamo, el gobierno provincial estableció además un precio de referencia de 2.200 pesos para una unidad de aceite, sin especificar marca, tamaño o presentación. Los funcionarios anunciaron multas, decomisos, ventas obligatorias y cierres temporales para quienes incumplan las disposiciones, ampliando así los mecanismos de control sobre los negocios privados.
