Resolución oficial contra las Mipymes de comercio pudiera generar “mayor inestabilidad social”

Lo que se presenta como una vía para “ordenar” el mercado es, en realidad, un mecanismo para debilitar la actividad privada. (Captura de pantalla © Martí Noticias – YouTube)

La reciente publicación de la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) en la Gaceta Oficial de Cuba, que anula las licencias comerciales de comercio mayorista para las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, pudiera generar “mayor inestabilidad social” con un crecimiento en los precios de productos alimenticios y escasez generalizada. Así lo señaló el economista Pedro Monreal, quien calificó la decisión del gobierno comunista como un retroceso.

Según la versión oficial, las nuevas restricciones obedecen a un proceso iniciado por el gobierno en 2023 para “corregir distorsiones” y controlar la inflación; sin embargo, es un claro golpe a la libre competencia y una reafirmación del control estatal sobre el Comercio Interior.

Monreal, en su análisis, señala que esta medida no solo asfixia el sector privado, sino que también refuerza el monopolio estatal sobre el comercio mayorista. El economista indica que lo que se presenta como una vía para “ordenar” el mercado es, en realidad, un mecanismo para debilitar la actividad privada, trasladando el poder económico al sector estatal, el cual, a pesar de su supuesta superioridad estructural, se enfrenta a serias deficiencias en cuanto a liquidez y eficiencia.

Lo publicado en la Gaceta Oficial el pasado 5 de diciembre es una estocada a las relaciones de mercado y acusa al gobierno de discriminar a los actores no estatales, aquellos que han demostrado flexibilidad y capacidad para movilizar recursos, convirtiéndolos en “clientes cautivos” de las empresas mayoristas estatales.

Para el economista, el sector privado se ve reducido a un papel subordinado, sin acceso a la oferta mayorista, y los recursos que antes fluían libremente hacia las Mipymes ahora están controlados por el aparato estatal, que carece de divisas y enfrenta problemas de ineficiencia.

Dos “elefantes en la habitación”, como los denomina Monreal, permanecen sin respuesta dentro de la nueva normativa. El primero es el cuestionamiento sobre cómo funcionará una cadena de liquidez que involucra tanto divisas como moneda nacional. El segundo es la duda sobre la efectividad de la intermediación estatal, dado el contexto de escasez crónica de oferta y la insuficiencia de la infraestructura estatal para hacer frente a los problemas de inflación.

Por otro lado, los comentarios en redes sociales reflejan un profundo descontento con la medida. Muchos ciudadanos coinciden en que la resolución es un obstáculo más para el desarrollo de las Mipymes, que, lejos de ser apoyadas, se ven asfixiadas por un estado que no permite el crecimiento del sector privado. Miguel Suárez, en un comentario que resume el sentir de muchos, afirma que esta medida “desestimula el emprendimiento” y evidencia la falta de confianza en el sector privado, al mismo tiempo que crea un entorno económico aún más adverso para los cubanos.

Asimismo, Ramón García Guerra sugiere que el modelo de asociación público-privada podría ser una solución, pero siempre que se justifique social y económicamente, algo que, según él, está ausente en las políticas del gobierno cubano. Para García Guerra, el monopolio estatal sobre la economía no beneficia a la sociedad y solo crea más problemas, como el aumento de los costos en el mercado minorista y la permanencia del subempleo estatal.

El descontento también se refleja en comentarios de indignación como el de Carlos Alzugaray, quien pregunta, “¿Lo hacen a propósito?”, cuestionando las intenciones del gobierno. La sensación de que las medidas tomadas por el régimen no solo son erradas, sino que parecen diseñadas para crear caos, está ampliamente extendida entre los cubanos.