El exmandatario cubano Raúl Castro enfrenta dos procesos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996: uno federal, anunciado en mayo, y otro estatal, presentado recientemente en Florida.
Ambos buscan establecer su responsabilidad en el ataque que mató a cuatro personas, pero contienen acusaciones distintas y contemplan sanciones diferentes.
El proceso federal contra Raúl Castro en EEUU
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó la acusación federal durante un acto en la Torre de la Libertad, en Miami. Todd Blanche, entonces fiscal general interino, anunció los cargos.
Según explicó, se le imputan conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro asesinatos y dos delitos de destrucción de aeronaves. La investigación corresponde al FBI y el procesamiento está a cargo de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
El expediente también señala a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Los fiscales les atribuyen participación en la operación de la Fuerza Aérea Cubana.
Según la hipótesis de la fiscalía, Castro integraba la estructura de mando que autorizó el ataque cuando ocupaba el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Los investigadores sostienen que agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate proporcionaron información sobre sus operaciones y que esos datos contribuyeron a preparar el derribo.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales, tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal. Participaban en vuelos de asistencia y búsqueda de balseros en el estrecho de Florida. Una tercera avioneta, pilotada por José Basulto, fundador de la organización, logró escapar y regresar a territorio estadounidense.
Respecto a las sanciones, el DOJ informó que los cargos de asesinato y conspiración contemplan, según corresponda, penas máximas de muerte o cadena perpetua. Para Castro y Pérez-Pérez, cada cargo de destrucción de aeronaves puede suponer hasta cinco años.
El proceso estatal en Florida contra Raúl Castro
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la actuación estatal en la Universidad Internacional de Florida. Atribuyó a Castro la orden final de destruir las avionetas y sostuvo que el derribo respondió a una operación deliberada. Este expediente es independiente del federal, aunque ambos parten del mismo ataque y comparten elementos de investigación.
La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial, firmó una orden de arresto sin derecho a fianza tras considerar que existían indicios suficientes. La decisión se apoyó en las pesquisas del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. Determinar causa probable para una detención es un paso procesal distinto de demostrar culpabilidad en juicio.
La fiscalía estatal sostiene que agentes infiltrados actuaron desde los Cayos hasta Miami, recopilaron información sobre la organización y la transmitieron a autoridades cubanas. Esas actividades constituyen el fundamento territorial presentado para vincular la presunta conspiración con Florida, pese a que los disparos contra las aeronaves ocurrieron fuera del estado.
El artículo 777.04 clasifica la conspiración para cometer un delito capital como delito grave de primer grado. Bajo el marco ordinario, esa categoría permite hasta 30 años de prisión.
También podría imponerse una multa general de hasta 10.000 dólares, con excepciones legales vinculadas a ganancias o pérdidas económicas. La exposición penal exacta exige revisar la acusación completa y las disposiciones aplicables a hechos de 1996. El máximo ordinario no constituye una sentencia obligatoria.
Uthmeier agradeció la colaboración del FBI y recibió el respaldo del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el procesamiento paralelo. Aseguró que aprovecharán cualquier oportunidad de llevar a Castro ante una corte.
Mientras permanezca en Cuba, la ejecución de las órdenes sigue siendo un obstáculo. Una eventual detención en otro país dependería de la cooperación internacional y de los procedimientos legales correspondientes.
