La cantante colombiana Shakira se encuentra una vez más en problemas legales ante la Fiscalía española. Este jueves, desde Miami, negó haber defraudado con 6,6 millones de euros a la Hacienda española, en una declaración por videoconferencia ante un juez en España que investiga su segunda causa abierta por delito fiscal en el país.
Según información adelantada por el diario El País, la barranquillera desmintió a la Fiscalía de Barcelona, la cual afirma que utilizó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018. La declaración duró media hora y ha sido grabada en video y transcrita por orden judicial.
En respuesta a la segunda causa por fraude fiscal, la cantante ha explicado que considera este proceso como un paso más en la estrategia de “presión” de Hacienda. Destacó que, antes de ser notificada de la querella, ya había depositado los seis millones de euros que se le reclaman.
En noviembre pasado, la artista colombiana aceptó pagar una multa de 7.8 millones de euros, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria de España, evitando así su ingreso a prisión.
Este acuerdo fue parte de la resolución de la primera causa abierta contra ella, en la que se le acusaba de defraudar 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014. Sin embargo, antes de que se llevara a cabo el juicio por este caso, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una segunda querella por otro presunto fraude fiscal.
La Fiscalía sostiene que la famosa defraudó 5.3 millones de euros por los ingresos de su gira de 2018, El Dorado, y otros 773.600 euros por sus propiedades inmobiliarias y activos financieros. Según la acusación, utilizó un entramado societario para ocultar ingresos y deducir gastos indebidos, reduciendo así la cantidad a pagar en impuestos.
La denuncia también señala que Shakira cobró parte de la cesión de derechos musicales a través de una sociedad en Luxemburgo, mediante “contratos simulados”, y utilizó otra sociedad en España para contabilizar los ingresos y gastos de su gira, a pesar de no tener actividad real.
Además, se mencionan otras 17 sociedades “instrumentales” en diversos países, como Países Bajos, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein.
La artista ha defendido que durante el año 2018 no residía en España, por lo que no estaba obligada a tributar en el país por sus ingresos a nivel mundial. Asimismo, ha afirmado que no simuló la cesión de sus derechos a empresas instrumentales ni dedujo gastos improcedentes, contradiciendo las acusaciones de la Fiscalía.
La intérprete aseguró haber cumplido estrictamente con todas sus obligaciones fiscales en los distintos territorios donde ha trabajado. Afirmó haber pagado impuestos a nivel mundial por un total que supera los 104 millones de euros, de los cuales 90 millones fueron abonados a la Hacienda Pública española.
