El sur de Florida es el primer territorio de Estados Unidos donde se ponen en marcha los equipos de investigación y rendición de cuentas sobre asistencia alimentaria (HEAT), una iniciativa destinada a investigar y llevar ante los tribunales el fraude contra las ayudas federales de alimentación, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
El Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura (USDA) seleccionaron la región para el programa piloto, cuyo reciente lanzamiento reunió a representantes de más de 17 agencias federales, estatales y locales.
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, y el inspector general del USDA, John Walk, encabezaron el encuentro. La aplicación del piloto se centrará en coordinar investigaciones entre organismos de distintos niveles de gobierno.
Las autoridades buscan perseguir esquemas que desvían recursos destinados a personas necesitadas, que requieren del SNAP o del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).
Entre las conductas que investigará HEAT figuran el robo electrónico de beneficios mediante tarjetas EBT, el tráfico de ayudas de SNAP, las irregularidades en comercios autorizados, la suplantación de identidad y los métodos cibernéticos empleados para apropiarse de fondos.
Las autoridades explicaron que eligieron el sur de Florida por su población numerosa y diversa, su amplia red de negocios minoristas y sus conexiones internacionales. Según su evaluación, estas características pueden facilitar esquemas sofisticados de fraude y convierten a la región en un punto de partida para la iniciativa nacional.
La presencia de más de 17 agencias en el lanzamiento refleja el alcance interinstitucional previsto para esta primera etapa. La propuesta reúne a organismos con competencias federales, estatales y locales alrededor de un objetivo compartido: investigar los posibles delitos y preparar su procesamiento penal mediante una actuación coordinada.
“Los programas federales de asistencia alimentaria son un salvavidas para las familias necesitadas, no una fuente de ganancias para estafadores y organizaciones criminales”, declaró Reding Quiñones. El fiscal presentó la protección de esos recursos como la prioridad del programa y advirtió sobre las consecuencias de utilizarlos con fines delictivos.
Walk sostuvo que las organizaciones criminales utilizan métodos cada vez más sofisticados para desviar dinero de SNAP y CACFP. “Buscamos trabajar juntos en las investigaciones y el procesamiento penal de estos crímenes contra los estadounidenses más necesitados”, señaló durante la presentación.
ICE inicia operativo nacional contra migrantes que usan SNAP
En otra actuación relacionada con presuntas irregularidades en ayudas alimentarias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inició hace unas semanas un operativo nacional contra inmigrantes señalados por obtener beneficios de SNAP mediante fraude. Entre las primeras personas detenidas figura la cubana Elizabeth Povea Rodríguez.
ICE confirmó la operación a Fox News. Según la información divulgada, Povea Rodríguez carecía de estatus migratorio legal y tenía una condena previa por alteración del orden público, además de arrestos relacionados con acusaciones de agresión y violencia doméstica.
El Departamento de Seguridad Nacional identificó también a cuatro ciudadanos haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. A Theodore le atribuyó antecedentes de arrestos por hurto, obstrucción a agentes y entrada ilegal en propiedad ajena.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió las detenciones y describió los resultados iniciales como “una gota en el océano”. También afirmó que “estos programas son solo para estadounidenses”.
