Piden ayuda a eurodiputados para la liberación de detenidos por participar en el 11J

Padres cubanos piden ayuda a eurodiputados para la liberación de los presos políticos por el 11J. (Foto: Parlamento Europeo – Facebook)

La familia de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, uno de los jóvenes arrestados por participar en las protestas masivas del pasado 11 de julio en Cuba, solicitó a los eurodiputados su cooperación para lograr la libertad de este manifestante.

Layda Yirkis Jacinto Abad, madre del detenido, a punto del llanto hizo el llamado a los legisladores europeos a través del canal de YouTube del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

“Mi hijo manifestó luchando por los derechos de nosotros los cubanos y por la libertad plena de mi patria, pido a los europarlamentarios cualquier tipo de cooperación para lograr la libertad de mi hijo y también de todos los jóvenes presos injustamente”, comentó Layda Yirkis.

Al relatar el arresto de su hijo, de 25 años, la madre dijo que fue llevado el 12 de julio por las fuerzas represoras del gobierno cubano y durante varias horas estuvo desaparecido porque nunca le avisaron hacia dónde fue trasladado.

“Estuvo detenido bajo tortura, golpes y amenazas. Después fue trasladado a la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque, donde vivimos”, sostuvo Layda Yirkis.

Aníbal Yaciel, además de los castigos represivos adentro de la prisión, sufrió picaduras de ácaros que le provocaron una linfangitis en una pierna y pese a ello no recibió atención médica a tiempo.

“No fue atendido por médicos hasta que se le complicó y se le infestó. Le indicaron solamente fomentos de agua a tiempo”, explicó la madre.

El grupo de trabajo Justicia 11J, enfocado en denunciar las detenciones por motivos políticos en Cuba, informó que hasta el 18 de noviembre 1.271 personas habían sido arrestadas por participar en el estallido social.

De esta cifra, 659 continuaban privadas de la libertad en diferentes prisiones del régimen y 545 habían sido excarceladas, pero bajo medidas cautelares como la prisión domiciliaria.

La semana pasada se concluyeron juicios contra varios manifestantes. Uno de estos procesos fue contra cinco que estuvieron en la protesta de Caibarién, en la provincia de Villa Clara.

Los detenidos enfrentarán condenas de entre cuatro y seis años por haber cometido los supuestos delitos de “desórdenes públicos”, “atentado” y “daños a la propiedad estatal”.

El régimen desplegó un fuerte operativo policial en los alrededores del tribunal para evitar la entrada de público en general y solo permitió el acceso a un familiar.

Activistas y familiares de los consignados denunciaron que el gobierno utilizó en contra de ellos testigos uniformados y vestidos de civil que realmente son agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).