La Junta de Pensiones de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos concluyó el pago de fondos de jubilación pendientes a 44 trabajadores cubanos y a sus beneficiarios, cerrando un proceso que permaneció sin resolverse durante casi 65 años.
Y es que el dinero no había podido ser cobrado por los beneficiarios y sus familiares debido a restricciones derivadas del embargo estadounidense aplicado a Cuba desde la década de 1960.
Los beneficiarios habían acumulado derechos de pensión mientras formaban parte del Sínodo de Nueva Jersey hasta 1967 y estaban incluidos en el actual Plan de Pensiones de Beneficio Definido de la Iglesia Presbiteriana.
Sin embargo, después de la entrada en vigor de las restricciones entre ambos países, los pagos quedaron depositados en cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos a las que las personas residentes en Cuba no podían acceder.
Durante décadas, la organización intentó encontrar mecanismos que permitieran entregar los recursos a sus destinatarios.
Entre las acciones realizadas estuvieron contactos con autoridades estadounidenses, solicitudes dirigidas al Departamento del Tesoro y la obtención de autorizaciones especiales para efectuar algunas transferencias.
Pese a esos esfuerzos, distintos cambios regulatorios y factores políticos impidieron que se estableciera una solución permanente. Con el paso de los años aparecieron además nuevas dificultades relacionadas con las operaciones financieras hacia Cuba.
La institución explicó que en 2019 aumentaron las limitaciones para realizar transferencias bancarias hacia la Isla y que dos años después el banco que utilizaban dejó de procesar pagos con destino al país, lo que volvió a retrasar las gestiones pendientes.
La situación comenzó a cambiar en 2024 mediante la colaboración con organizaciones vinculadas a la Oficina de Misión Mundial de la Iglesia Presbiteriana y la Red de Socios de Cuba.
Ese trabajo permitió localizar personas relacionadas con los pensionistas y reunir la documentación necesaria para confirmar cada expediente.
La subdirectora de Finanzas, Callie Sterkenburg, señaló que una vez obtenidos los documentos requeridos comenzó la revisión de los casos. La institución explicó que cada trámite individual podía extenderse durante varios meses y que completar la totalidad de los pagos tomó cerca de tres años.
La Junta indicó que con la entrega final de los fondos se cerró un proceso que la organización consideró durante décadas una responsabilidad pendiente, con el objetivo de que los pensionistas cubanos y sus familias recibieran finalmente los beneficios acumulados durante su tiempo de trabajo.
