El Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso interpuesto por el Banco Nacional de Cuba (BNC) en su disputa contra el fondo inversor CRF, que reclama 72 millones de euros en deuda soberana originada por dos préstamos que el castrismo negoció en la década de los ochenta.
El fallo, ocurrido en el transcurso de este martes, respalda la legitimidad de CRF como acreedor del antiguo banco central cubano, abriendo la puerta a un nuevo proceso para exigir el pago.
La decisión unánime del tribunal confirma el dictamen de la jueza Sara Cockerill del 19 de abril de 2023, que concluyó que el BNC reconoció oficialmente a CRF como acreedor en 2019. No obstante, la magistrada determinó que el Estado cubano no puede ser considerado garante de esta deuda, la cual CRF asegura representa una cartera total de 1.200 millones de euros.
Según Jeet Gordhandas, representante del fondo registrado en las Islas Caimán en 2009, esta decisión representa “un hito fundamental” en sus esfuerzos por hacer cumplir los derechos contractuales.
El BNC cuestionó la cesión de derechos contractuales sobre los préstamos originales, aprobada en noviembre de 2019 por su exdirector de operaciones, Raúl Olivera Lozano, quien actualmente está encarcelado en Cuba. Según la entidad cubana, Olivera no siguió los procedimientos internos adecuados, lo que invalidaría el traspaso de deuda.
El banco también alegó no haber recibido el preaviso requerido por contrato para la reasignación de la deuda. Los préstamos, adquiridos inicialmente por Credit Lyonnais e Istituto Banco Italiano, fueron transferidos al ICBC Standard Bank antes de pasar a CRF.
El tribunal londinense señaló que los contratos están regidos por la legislación inglesa, a la que el BNC se comprometió y renunció a alegar inmunidad soberana. Además, CRF argumentó que, incluso si Olivera actuó sin autorización, el BNC validó la reasignación al responder a las comunicaciones legales del fondo.
Este fallo permite a CRF proceder con un juicio para reclamar el pago de la deuda, a pesar de las críticas del banco cubano. Durante el proceso, el BNC acusó a CRF de utilizar el litigio como un medio para bloquear a Cuba de los mercados financieros internacionales y facilitar el cobro de su cartera total de deuda impagada.
La historia de la deuda entre Cuba y CRF I Limited
La disputa se originó en 1984 cuando Cuba adquirió dos préstamos de Crédit Lyonnais y L’Istituto Bancario Italiano, garantizados por el extinto Banco Nacional de Cuba. En 1987, Fidel Castro declaró la deuda externa de la Isla como “impagable”, dejando de cumplir sus compromisos financieros internacionales. Décadas después, Raúl Castro intentó renegociar la deuda, incluyendo acuerdos con el Club de París, donde también opera CRF I.
El régimen cubano calificó a CRF como un “fondo buitre”, alegando que su objetivo es lucrar mediante la compra de deudas a bajo costo en mercados secundarios para exigir el pago completo bajo amenazas judiciales. En un intento de bloquear las reclamaciones, el castrismo acusó a Raúl Olivera Lozano, exfuncionario del BNC, de facilitar el traspaso de la deuda a CRF mediante sobornos. Sin embargo, la jueza británica Sara Cockerill desestimó las acusaciones, considerando insuficientes las pruebas presentadas por Cuba.
En enero de 2023, el Tribunal Superior de Londres inició el juicio, donde CRF demandó al BNC y al Estado cubano por la deuda. Aunque el tribunal eximió a Cuba de responsabilidad directa, reconoció la jurisdicción sobre el BNC. Ambas partes apelaron el fallo: el régimen cubano insistió en que el traspaso de la deuda fue ilegal, mientras CRF defendió su legitimidad como acreedor.
Finalmente, el Tribunal de Apelación confirmó que la apelación cubana no tenía fundamentos, fortaleciendo la posición de CRF. Según su representante, Jeet Gordhandas, esta decisión representa un avance crucial para exigir el pago. Entretanto, el BNC acusó a CRF de usar el litigio como herramienta para presionar al régimen y dificultar su acceso a los mercados financieros internacionales.
