La administración de Donald Trump ha reactivado una de sus políticas migratorias más controvertidas, con una propuesta presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que introduce nuevas restricciones a la obtención de la residencia permanente (Green card) en Estados Unidos.
La medida, que busca otorgar más poder a los funcionarios para denegar la residencia a quienes se consideren una “carga pública” para las finanzas del país, propone la derogación de la regla de 2022, que permitía rechazar la residencia a inmigrantes que pudieran necesitar asistencia social para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o atención médica.
Este regreso a las políticas de 2019 ha generado una fuerte oposición, especialmente entre defensores de los derechos de los inmigrantes. La medida establece restricciones sobre el acceso a beneficios públicos como Medicaid, lo que ha generado un debate sobre las posibles consecuencias en la salud y el bienestar económico de millones de personas.
¿Cómo afecta esta medida a los migrantes cubanos que están en proceso de obtener la residencia permanente?
El abogado de inmigración Wilfredo Allen y el periodista Daniel Benítez discutieron las posibles implicaciones de la medida para los cubanos que buscan ajustarse a la residencia en EEUU.
Según Allen, aunque no cree que esta nueva propuesta afecte directamente a los cubanos debido a que la Ley de Ajuste Cubano de 1966 es una ley separada del INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad), existe preocupación por aquellos que aplican por bajos ingresos.
“Si aplicas por bajos recursos, estarías admitiendo que recibes ayuda económica del gobierno, lo cual podría ser interpretado como una carga pública”, explicó Allen.
A pesar de la incertidumbre, el abogado sugiere que los cubanos eviten solicitar la residencia bajo la categoría de “bajos ingresos”, ya que esto podría generar complicaciones en su proceso de aprobación.
Allen también subrayó que, aunque el ajuste cubano ha sido históricamente una excepción, esta nueva medida podría complicar el camino, especialmente en estados como Florida, donde se ofrece ayuda económica a los cubanos que ingresan bajo programas como el de parole o la sección 220A.
Además de los cubanos, otros migrantes provenientes de países como Venezuela, Nicaragua y Haití también se verán afectados por esta medida, que podría alargar significativamente su camino hacia la residencia.
Allen advirtió que los migrantes de estos países, a pesar de ser asilados políticos, podrían ser considerados una carga pública, lo que afectaría directamente su elegibilidad para la residencia permanente.
Una de las mayores preocupaciones es la posible aplicación retroactiva de esta medida, lo que podría afectar a aquellos que ya han solicitado la residencia o el ajuste cubano. Aunque Allen asegura que las nuevas políticas no deberían aplicarse retroactivamente, existe el riesgo de que los cambios afecten los casos que aún están en espera o en revisión.
Ante estos nuevos desafíos, Allen recomienda a aquellos que tengan la posibilidad de aplicar para la ciudadanía estadounidense que lo hagan lo antes posible, antes de que las políticas se endurezcan aún más. “Si ya puedes ser ciudadano, no esperes más. Aplica lo antes posible, ya que las circunstancias pueden cambiar rápidamente”, agregó Allen.
