Trump prohíbe que migrantes irregulares accedan a la Seguridad Social

La administración de Trump se comprometió a garantizar que los recursos de la Seguridad Social no sean mal utilizados. (Captura de pantalla © Casa Blanca – YouTube)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que prohíbe que los migrantes irregulares reciban beneficios de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés). La medida está dirigida a frenar el acceso de aquellos no elegibles a fondos provenientes de programas bajo la Ley de Seguridad Social, que incluyen no solo pensiones y servicios para ancianos, sino también seguros de desempleo, discapacidades, Medicare, Medicaid y otros servicios esenciales.

Según la Casa Blanca, el Memorando presidencial busca reforzar las acciones de supervisión y control de los fondos destinados a estos programas. La administración de Trump se comprometió a garantizar que los recursos de la Seguridad Social no sean mal utilizados, excluyendo a aquellos migrantes cuya presencia en el país no esté regularizada.

Por ejemplo, la orden ejecutiva indica que se expanda el programa de fiscales de fraude del Seguro Social a al menos 50 oficinas de fiscales federales. También establece un programa de enjuiciamiento por fraude en Medicare y Medicaid en 15 oficinas de fiscales, como parte de una estrategia más amplia para prevenir el abuso del sistema.

Además, se instruyó a la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social a investigar los informes de ganancias de individuos mayores de 100 años con registros que presenten discrepancias, con el fin de combatir el robo de identidad.

Trump reiteró que los beneficios financiados por los contribuyentes deben ser entregados solo a las personas elegibles, y que el sistema no debe incentivar la inmigración ilegal. En este sentido, el presidente subrayó que la administración de Biden, al asignar más de dos millones de números de Seguro Social a migrantes irregulares en el año fiscal 2024, había creado un vacío que permitió el desvío de recursos públicos esenciales.

La Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (FAIR) calcula que los contribuyentes estadounidenses gastan más de $182 mil millones anuales para cubrir los costos derivados de la presencia de alrededor de 20 millones de migrantes irregulares en el país.

De esta cifra, $66.4 mil millones corresponden a gastos federales, mientras que el resto se distribuye entre los costos estatales y locales. FAIR también estima que casi un millón de migrantes indocumentados poseen identificaciones robadas o números de Seguro Social fraudulentos.

Este nuevo paso en la lucha contra la inmigración ilegal se enmarca dentro de la política de “cerrar la frontera” que Trump ha promovido desde su llegada al poder. El Memorando refuerza una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025, que busca garantizar que los recursos de los contribuyentes no se utilicen para incentivar ni apoyar la inmigración ilegal.

Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha detenido a más de 1.000 inmigrantes con antecedentes criminales o vínculos con actividades terroristas, evitando que reciban beneficios de la Seguridad Social. Además, su gobierno lanzó la aplicación CBP Home, que ofrece a los migrantes ilegales la opción de autodeportarse.

Sobre este tema, el presidente dijo en una entrevista reciente con Fox News que implantará un nuevo programa que ofrece incentivos económicos a los migrantes indocumentados para que abandonen voluntariamente el país. Denominado “autodeportación asistida”, el plan incluye un pago y un boleto de avión para aquellos que opten por regresar a su país de origen.

Trump explicó que la medida forma parte de su estrategia para lograr un aumento significativo en las deportaciones, mencionando que incluso, si fuera necesario, podrían traer a algunos migrantes de vuelta en el futuro.

El anuncio ha provocado opiniones divididas. Organizaciones defensoras de los migrantes lo consideran una medida coercitiva, mientras que algunos sectores conservadores lo ven como una solución viable para reducir las deportaciones forzadas.