El régimen cubano recuperó para la estatal Geominera S.A. una concesión minera que estaba en manos de Minera del Sur S.A., una empresa mixta constituida con participación de capital australiano. La decisión afecta a Mina Grande El Cobre, en Santiago de Cuba, un yacimiento autorizado para explotar cobre, plomo, zinc, oro y plata.
El traspaso quedó formalizado mediante el Acuerdo 10462 del Consejo de Ministros, publicado el 5 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial Ordinaria número 92. La concesión permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2038.
La operación devuelve los derechos de explotación a Geominera, que había obtenido originalmente la concesión en 2020, antes de aportarla a la sociedad mixta. Sin embargo, la información pública disponible no permite establecer qué ocurrirá con la participación del inversionista extranjero ni si existió alguna compensación económica.
Una concesión minera que regresa al Estado cubano
El Acuerdo 10462, identificado como GOC-2026-636-O92, aprueba el traspaso a Geominera S.A. de la concesión para explotar cinco minerales en Mina Grande El Cobre, ubicada en el municipio y provincia de Santiago de Cuba.
La historia administrativa del proyecto se remonta a abril de 2020, cuando el Consejo de Ministros otorgó a Geominera una concesión por dieciocho años, con vencimiento previsto para abril de 2038.
Posteriormente, otros acuerdos gubernamentales permitieron aportar ese derecho a Minera del Sur S.A., constituida mediante una asociación entre la entidad estatal cubana y Caribe Metals Corporation, una compañía australiana.
El cambio aprobado en 2026 revierte esa transferencia. No obstante, resulta importante distinguir entre la titularidad de una concesión y la propiedad de una empresa: recuperar el derecho de explotación no significa necesariamente que el Estado haya adquirido las acciones de los inversionistas extranjeros.
Hasta ahora, tampoco se ha acreditado públicamente que Minera del Sur haya sido disuelta o que todas sus actividades mineras hayan terminado. La decisión se produce después de otras modificaciones en el sector extractivo cubano. En febrero de 2025, el Gobierno canceló varias concesiones mineras en provincias como Camagüey, Las Tunas y Holguín.
Más recientemente, en abril de 2026, el Consejo de Ministros autorizó nuevos movimientos de concesiones y recursos minerales vinculados al níquel y al cobalto. Esos antecedentes reflejan distintas modificaciones administrativas dentro del sector, aunque no demuestran que respondan a una misma política de recuperación de inversiones extranjeras.
¿Qué se sabe del inversionista australiano?
Caribe Metals Corporation figuraba como socio extranjero de Minera del Sur, una empresa mixta en la que Geominera mantenía una participación mayoritaria.
Según un comunicado empresarial de Adyton Resources publicado el 18 de julio de 2023, Caribe Metals poseía entonces el 49% de Minera del Sur, mientras que Geominera controlaba el 51% restante.
El documento también reveló que Adyton había firmado un acuerdo de opción para adquirir hasta el 80% de los intereses de Caribe Metals en determinados proyectos mineros cubanos, entre ellos El Cobre.
La operación estaba condicionada a inversiones en exploración, evaluaciones técnicas y autorizaciones regulatorias. Por tanto, aquel anuncio no permite afirmar que Adyton llegara a completar la adquisición.
El acuerdo contemplaba desembolsos de exploración de hasta dos millones de dólares australianos para alcanzar la participación máxima prevista. Esa cantidad constituía una condición de la operación propuesta, no una inversión ejecutada y comprobada.
La documentación tampoco permite determinar si la distribución accionarial del 49% y el 51% permanecía sin cambios cuando el Consejo de Ministros aprobó el nuevo traspaso.
Esta falta de información deja interrogantes sobre el destino de los intereses australianos, el capital efectivamente invertido y los resultados obtenidos durante los años en que la concesión permaneció en manos de Minera del Sur.
También se desconoce si la estatal cubana dispone de los recursos financieros y tecnológicos necesarios para continuar la explotación sin participación directa de su antiguo socio.
Geominera está sancionada por Estados Unidos
La recuperación de la concesión ocurre en un contexto de creciente presión estadounidense sobre las empresas estatales cubanas vinculadas a la captación de ingresos y a la inversión extranjera.
El 23 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Geominera S.A. en su lista de entidades sancionadas, bajo la Orden Ejecutiva 14404. La medida impone restricciones sobre bienes y transacciones sujetos a la jurisdicción estadounidense, lo que puede complicar las relaciones comerciales y financieras de las empresas afectadas.
Otro caso relevante es el de Antilles Gold, una compañía australiana diferente de Caribe Metals, que mantiene negocios mineros en Cuba mediante asociaciones con entidades estatales. En junio de 2026, las sanciones estadounidenses afectaron los proyectos de Antilles Gold tras la inclusión de Minera La Victoria S.A. en las restricciones de Washington.
La compañía australiana había desarrollado proyectos relacionados con la extracción de oro, cobre y otros minerales, entre ellos Nueva Sabana, en Ciego de Ávila, y La Demajagua, en la Isla de la Juventud.
El episodio ilustra las dificultades que pueden enfrentar las asociaciones mineras entre empresas extranjeras y entidades estatales cubanas. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para atribuir el traspaso de Mina Grande El Cobre a las sanciones impuestas contra Geominera.
Lo confirmado hasta el momento es que la estatal recupera los derechos de explotación sobre el yacimiento santiaguero, mientras siguen sin aclararse las consecuencias económicas de la operación para los inversionistas australianos y la continuidad productiva del proyecto.
