La llegada de agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) provocó un cambio en las condiciones de los sobrevivientes detenidos por el tiroteo ocurrido a finales de febrero frente a las costas de Villa Clara.
La agencia envió a una delegación a la Isla con el fin de iniciar una investigación sobre el enfrentamiento armado cuando una lancha procedente de Florida fue interceptada por guardafronteras cubanos. El hecho dejó un saldo de cinco fallecidos y seis sobrevivientes.
Martiza Lugo Fernández, esposa de Amijail Sánchez, uno de los detenidos, aseguró que su esposo fue golpeado brutalmente antes de la llegada de los detectives estadounidenses. “Amijail fue torturado físicamente… le dieron una golpiza espantosa, le reventaron un oído, le destrozaron un brazo”, declaró.
Según su testimonio, la presencia de los investigadores provocó cierto alivio en el trato a los arrestados. “Desde que el FBI está en Cuba, a ellos les están dejando entrar alimento… les están permitiendo hablar por teléfono”, afirmó.
Mientras participaba en una caravana desde el suroeste de Miami-Dade hasta el centro del Comando Sur en Doral, realizada el pasado viernes, Lugo explicó que su esposo sigue sin poder comentar con libertad lo ocurrido.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Exterior de Cuba, los fallecidos por este caso son Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, cuyo cuerpo fue recientemente trasladado a Tampa; Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.
La quinta víctima mortal es Roberto Álvarez Ávila, quien falleció después por complicaciones médicas tras ser trasladado de Villa Clara a La Habana. Entre los sobrevivientes figuran Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez y Amijail Sánchez González.
La versión del castrismo sostiene que la embarcación llegó con 10 personas desde Florida para ejecutar “un intento de derrocar al gobierno”. Bajo esa narrativa, todos los tripulantes fueron acusados de terrorismo y de participar en una incursión armada.
Las sanciones por estos delitos en Cuba pueden variar entre 10 y 30 años de prisión, aunque en casos de mayor gravedad se contempla la pena de privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte.
En un programa de la televisión cubana se informó que se confiscaron 134 cargadores, 12,846 cartuchos de munición, fusiles, pistolas, un dron con dos cámaras, equipos de comunicación, cuchillos de combate y una planta eléctrica portátil.
Sin embargo, el volumen del armamento y las características de la lancha empleada han generado dudas sobre la veracidad de esta versión, ya que parece improbable que dicha embarcación tuviera la capacidad para transportar esa cantidad de material y personas.
El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, había anunciado semanas atrás que autorizó la visita de los agentes del FBI y el acceso a las evidencias recolectadas.
Aun así, la misión resulta inusual por darse en medio de una etapa de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, marcada además por recientes declaraciones de la administración de Donald Trump sobre Cuba dentro de su agenda internacional.
