El anunciado acuerdo para llevar combustible a Cuba a través de Vanguard Energy, una empresa con sede en Coral Gables, quedó bajo nuevas dudas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos aclarara que la compañía no ha recibido una licencia estadounidense para esa transacción.
La precisión fue difundida por la periodista Nora Gámez, quien actualizó la información con el comentario oficial de Washington: “Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EEUU para esta transacción. Las sanciones de la Administración Trump siguen vigentes en ausencia de orientación o licencia específica en contrario”.
La aclaración llega pocas horas después de que trascendiera que Vanguard Energy había alcanzado un acuerdo para utilizar instalaciones de almacenamiento de combustible pertenecientes a CUPET, la empresa estatal cubana, con el objetivo de importar gasolina y diésel en buques petroleros y destinarlos al sector privado, embajadas, organizaciones religiosas y entidades humanitarias.
Washington marca distancia sobre la operación
La respuesta del Departamento de Estado introduce un matiz clave: el acuerdo no puede presentarse como una transacción autorizada por EEUU si la compañía no cuenta con una licencia o una orientación aplicable que la ampare.
Esto no significa necesariamente que toda operación de combustible hacia el sector privado cubano esté prohibida en cualquier circunstancia. La política estadounidense ha contemplado mecanismos para permitir determinados envíos destinados a actores privados o usos humanitarios, siempre bajo condiciones estrictas y con controles para impedir que el beneficio termine en manos del gobierno cubano, empresas militares o entidades sancionadas.
Update with @StateDept’s comment: “Vanguard Energy has not received any U.S. license for this transaction. The Trump Administration’s sanctions remain in effect absent specific guidance or licensing to the contrary.” https://t.co/kxW7bFhV0P
— Nora Gámez Torres (@ngameztorres) June 10, 2026
Pero en este caso concreto, Washington subraya que Vanguard Energy no ha recibido una licencia para la transacción anunciada. Esa diferencia es central, porque el uso de infraestructura estatal cubana, como instalaciones de CUPET, puede elevar el nivel de escrutinio sobre cualquier operación vinculada al suministro de combustible en la isla.
Un acuerdo presentado como alivio para el sector privado cubano
Según la información divulgada inicialmente por medios como el Miami Herald y Bloomberg, Vanguard Energy buscaba sustituir el uso de contenedores ISO, más limitados y costosos, por envíos en buques petroleros capaces de transportar mayores volúmenes de gasolina y diésel.
La empresa mantendría la propiedad del combustible almacenado en Cuba y aplicaría controles sobre los clientes autorizados, de acuerdo con la descripción del plan. El objetivo declarado sería vender combustible a negocios privados, embajadas y organizaciones humanitarias, sin transferirlo al gobierno cubano.
De concretarse bajo autorización válida, una operación de ese tipo podría tener impacto en actividades privadas paralizadas o encarecidas por la escasez de combustible. También podría beneficiar a entidades religiosas y humanitarias que necesitan movilidad para distribuir ayuda o sostener servicios básicos.
Sin embargo, la aclaración del Departamento de Estado obliga a tratar el proyecto con cautela. La existencia de un contrato con una entidad cubana no equivale, por sí sola, a una autorización estadounidense para ejecutar la operación.
Crisis energética y sanciones: el trasfondo del caso
Cuba atraviesa una crisis energética profunda, marcada por apagones prolongados, falta de combustible y fuertes limitaciones para sostener la actividad económica. En ese escenario, cualquier anuncio sobre importación de gasolina o diésel genera expectativas inmediatas dentro y fuera de la isla.
La política de Washington hacia Cuba, bajo la Administración Trump, mantiene una presión fuerte sobre el gobierno cubano y sobre estructuras económicas asociadas al aparato estatal y militar. Al mismo tiempo, EEUU ha intentado diferenciar entre operaciones que beneficien al gobierno y aquellas dirigidas al sector privado o a usos humanitarios.
Esa frontera, sin embargo, es difícil de aplicar en una economía donde buena parte de la infraestructura estratégica sigue en manos estatales. El caso de Vanguard Energy ilustra precisamente ese dilema: una empresa estadounidense podría querer abastecer a actores privados, pero necesitaría usar almacenamiento, puertos, permisos o servicios controlados por entidades oficiales cubanas.
Por ahora, la noticia principal no es que el combustible vaya a llegar, sino que el propio Departamento de Estado ha salido a aclarar que no existe una licencia estadounidense concedida a Vanguard Energy para esta transacción. Hasta que haya una autorización específica, una orientación oficial aplicable o una respuesta más detallada de las partes involucradas, el acuerdo queda en una zona de incertidumbre legal y política.
