La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó cuatro nuevas leyes durante la segunda y última jornada del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, celebrada ayer jueves en La Habana.
Periódico Cubano comparte un resumen sobre estas normas enfocadas a modificar aspectos relacionados con el empleo, la vivienda, la identificación ciudadana y la estructura de la Administración Central del Estado, aunque ofrecen pocas respuestas inmediatas a la crisis económica, habitacional y social.
Como ocurre habitualmente en el parlamento cubano, los proyectos recibieron el respaldo de los diputados sin que trascendieran votos en contra o cuestionamientos capaces de modificar sustancialmente las propuestas gubernamentales.
Las legislaciones aprobadas fueron:
- El Código de Trabajo
- La Ley de la Vivienda
- La Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio
- La Ley de Organización de la Administración Central del Estado
El Gobierno presentó el paquete legislativo como parte de la actualización institucional del país. Sin embargo, varias de las medidas formalizan prácticas ya existentes, devuelven derechos anteriormente restringidos por el propio sistema o fortalecen las facultades de organismos estatales como el Ministerio del Interior.
Un Código de Trabajo sin derecho a huelga
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, presentó el nuevo Código de Trabajo como una legislación moderna y flexible, destinada a responder a la coexistencia de empresas estatales, mipymes, cooperativas y otras formas de gestión.
Según explicó el funcionario, la norma elimina obstáculos para el pluriempleo, amplía las posibilidades del teletrabajo, incluso desde el extranjero, y concede a los empleadores facultades para establecer jornadas laborales reducidas.
Asimismo, incorpora mecanismos de participación de los trabajadores y adapta las relaciones laborales a las transformaciones económicas promovidas por el gobierno.
Otamendiz sostuvo que el Código constituye una herramienta para fortalecer las garantías laborales. En la normativa no se incluyen derechos reconocidos internacionalmente como la huelga, la negociación colectiva independiente y la creación de sindicatos separados del Estado.
Una Ley de Vivienda que devuelve derechos suprimidos por Fidel Castro
La nueva Ley de la Vivienda fue presentada por el ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña. Su aprobación estaba prevista inicialmente para 2020, de acuerdo con el cronograma legislativo aprobado por la propia Asamblea Nacional en 2019.
Uno de sus cambios más relevantes es la eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. Durante décadas, los cubanos que emigraban podían perder sus propiedades como consecuencia directa de abandonar la Isla, una práctica utilizada por el régimen para castigar y controlar la movilidad de los ciudadanos.
La legislación también elimina la obligación de que los herederos informen, dentro del plazo de un año, el inicio del proceso de adjudicación de una casa que hubiera quedado sin ocupantes.
Asimismo, flexibiliza los contratos de compraventa y permite que las partes acuerden sus condiciones, siempre que no contradigan la legislación vigente ni el denominado orden público.
Otro cambio autoriza a las personas naturales a poseer hasta dos viviendas, además de una propiedad destinada legalmente al descanso o veraneo. La acumulación de inmuebles estuvo prohibida durante décadas bajo el argumento de que resultaba incompatible con el modelo socialista.
La ley mantiene la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas constructivos y la protección de personas vulnerables mediante subsidios. También conserva la construcción por esfuerzo propio e incorpora un tratamiento diferenciado para residentes de barrios precarios y zonas degradadas.
Cuba registra un déficit oficial cercano a las 800.000 viviendas. A esa cifra se suman miles de inmuebles en mal estado, edificios con peligro de derrumbe y familias que llevan años residiendo en albergues.
Una ley para más control de cubanos dentro y fuera de la Isla
La Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio amplía el marco legal utilizado por el Ministerio del Interior para registrar y controlar la información de ciudadanos cubanos y extranjeros residentes.
El primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, aseguró que la legislación desarrolla los preceptos constitucionales relacionados con la identidad personal, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a cambiar de residencia.
La norma crea una entidad permanente y un identificador público único para cubanos y extranjeros residentes. Ese número no quedará vinculado únicamente al documento de identidad, sino también a los trámites y procesos incluidos en los registros públicos nacionales.
La legislación regula la información registral y los datos necesarios para identificar a las personas tanto dentro como fuera del territorio cubano. También reconoce jurídicamente la Autoridad de Identidad Personal y Domicilio, una función que ya desempeñaba el Ministerio del Interior mediante sus oficinas de trámites.
El nuevo sistema abarcará los documentos de identidad, el domicilio declarado, la información de los residentes y los procedimientos administrativos relacionados con esos registros. Además, establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
Menos ministerios en la estructura del gobierno cubano
La cuarta norma aprobada fue la Ley de Organización de la Administración Central del Estado. La reforma reducirá la cantidad de organismos nacionales a 21: un total de 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
Hasta ahora, la estructura contemplaba 27 ministerios, además de varios institutos nacionales. El gobierno justificó la reducción como una respuesta a las transformaciones institucionales, económicas y sociales del país.
La nueva organización elimina la categoría de “instituto” dentro de la Administración Central del Estado. Como consecuencia, entidades como el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el Instituto de Información y Comunicación Social y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos quedarán incorporadas a una estructura ministerial.
La disminución del número de organismos podría reducir cargos administrativos y duplicidades, pero las autoridades no detallaron cuánto dinero permitirá ahorrar la reforma, cuántos funcionarios serán afectados ni cómo se distribuirán las competencias de las entidades eliminadas.
La reorganización tampoco modifica la concentración de decisiones en el Consejo de Ministros y el Partido Comunista. Aunque cambien los nombres o se fusionen instituciones, el sistema continuará funcionando sin separación efectiva de poderes ni mecanismos independientes de fiscalización.
