La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves una nueva Ley de la Vivienda que amplía derechos de los propietarios, incorpora actores privados y cooperativos a los programas constructivos y concede mayores facultades a los gobiernos municipales, en medio de una crisis habitacional que supera las 800.000 viviendas en Cuba.
Periódico Cubano constató que el ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, presentó la norma durante el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento.
La legislación quedó estructurada en 16 capítulos, 190 artículos y tres disposiciones finales. Según este contenido, las autoridades estudiaron tratados internacionales, normas de 15 países y leyes nacionales para la elaboración de la normativa.
Entre las principales novedades está el derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas, además de un inmueble destinado legalmente al descanso o veraneo. Hasta ahora, la legislación cubana imponía mayores restricciones sobre la cantidad de propiedades residenciales.
Los propietarios podrán donar, permutar, transmitir o ceder partes de una vivienda con menos autorizaciones administrativas. También podrán concertar contratos de comodato y transferir inmuebles declarados en ruina a personas naturales o jurídicas interesadas en recuperarlos.
La ley autoriza la cesión de habitaciones o espacios entre viviendas colindantes, siempre que mantengan condiciones adecuadas. Además, permite construir sobre solares yermos mediante el derecho real de superficie y destinar áreas residenciales a actividades productivas, previa obtención de las licencias correspondientes.
Otro cambio relevante es la eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. Asimismo, se suprime la obligación de los herederos de informar dentro de un año el inicio del proceso de adjudicación de una propiedad que hubiera quedado desocupada.
Las operaciones de compraventa, donación y permuta deberán formalizarse ante notario. Las partes podrán pactar libremente las cláusulas del contrato, siempre que no contradigan la legislación ni el orden público.
Entre los principios preservados figura la responsabilidad estatal de impulsar programas constructivos, ofrecer subsidios a personas vulnerables y mantener la edificación mediante esfuerzo propio. Sin embargo, las nuevas reglas no resuelven por sí solas la falta de materiales y financiamiento que ha frenado la construcción y conservación de inmuebles.
Uno de los cambios centrales es la creación del Programa Nacional de Desarrollo Habitacional. En este podrán participar empresas estatales, cooperativas, microbrigadas, mipymes, inmobiliarias y otras formas de gestión autorizadas.
La ley establece que el valor de las viviendas estatales será determinado según su valor catastral. También permitirá que las entidades económicas utilicen parte de sus utilidades para financiar obras o contribuir al pago de casas asignadas a sus trabajadores.
Los municipios podrán adquirir viviendas para atender necesidades prioritarias y financiar total o parcialmente inmuebles entregados a personas vulnerables. Asimismo, asumirán un papel más amplio en el desarrollo de nuevas zonas urbanas, aunque la efectividad de esas facultades dependerá de los recursos disponibles en cada territorio.
La norma incluye un tratamiento diferenciado para residentes de barrios precarios y zonas degradadas. Los jóvenes serán reconocidos como población priorizada para acceder a una vivienda adecuada, pero el texto no garantiza plazos ni una oferta suficiente para cubrir la demanda acumulada.
La norma elimina los recursos administrativos contra las decisiones de las direcciones municipales de la Vivienda. Las personas inconformes deberán acudir directamente a los tribunales competentes, una modificación que el gobierno presenta como una ampliación del acceso a la justicia.
La implementación estará acompañada por tres reglamentos sobre el régimen general, la propiedad horizontal y las cooperativas de vivienda. Su éxito dependerá de la preparación de funcionarios, notarios, jueces y autoridades locales, así como de la divulgación de procedimientos claros.
