Miguel Díaz-Canel presentó ante el Partido Comunista de Cuba un paquete de medidas económicas que el gobierno describe como “cambios reales”, en medio de una crisis marcada por apagones, escasez, baja producción y pérdida de capacidad estatal.
Periódico Cubano pudo confirmar que el plan fue aprobado por el PCC el 17 de junio de 2026 y se presentó este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular. La propuesta busca mostrar capacidad de reacción, pero también evidencia el agotamiento del modelo centralizado.
Del anuncio al aval del PCC
La cronología comenzó el 12 de junio, cuando Díaz-Canel adelantó una agenda de transformaciones para “dinamizar” la economía. Cinco días después, el Comité Central del PCC la evaluó y dio su respaldo político.
El discurso oficial plantea una reorganización del Estado, con integración de estructuras, revisión de funciones duplicadas y reducción de trámites. También propone continuar la reestructuración del aparato estatal y partidista.
Uno de los puntos centrales es la creación o fortalecimiento del Instituto Nacional de Activos Empresariales. Su función sería separar la gestión empresarial de la regulación y administrar de forma profesional los bienes estatales.
Empresas, agricultura y sector privado
El paquete promete mayor autonomía para las empresas estatales. Según lo anunciado, estas podrían asociarse, invertir con más libertad y ser evaluadas por resultados económico-financieros.
Según los reportes de medios estatales en la agricultura, el gobierno habla de eliminar tierras improductivas, ampliar el usufructo y entregar terrenos a cooperativas, Mipymes y productores. La medida retoma una política aplicada desde años anteriores sin resolver la crisis alimentaria.
Para los productores se anuncian derechos económicos más amplios: importación directa de insumos, acceso a divisas, ventas al turismo y operaciones con exportadores. El objetivo declarado es aumentar producción y seguridad para inversiones agrícolas.
El comercio exterior también tendría cambios. Empresas estatales y privadas podrían importar y exportar de forma directa, sin intermediarios estatales obligatorios, una demanda reiterada del sector privado.
Inversión extranjera, energía y subsidios
El gobierno propone revisar la lista de actividades prohibidas al sector privado y sustituir vetos por regulaciones. También promete flexibilizar Mipymes, ampliar objetos sociales y reducir cargas burocráticas.
En inversión extranjera, el punto más sensible es permitir que el inversionista escoja directamente a sus empleados. Además, se abriría la inversión foránea en Mipymes y se facilitaría la participación de cubanos residentes en el exterior.
La agenda energética incluye eliminar impuestos sobre venta e instalación de paneles solares, facilitar empresas extranjeras y crear créditos. En transporte eléctrico se anuncian exenciones arancelarias, incentivos y estaciones de carga con capital estatal, privado, cooperativo o extranjero.
El plan también prevé abandonar subsidios generales y concentrarlos en personas vulnerables, jubilados y enfermos crónicos. A la vez, se plantea el fin de topes de precios, una medida que puede presionar más a los consumidores si no aumenta la oferta.
La reforma financiera permitiría a instituciones privadas y extranjeras, nuevos mercados de crédito, cuentas en el exterior, pagos en divisas y operaciones internacionales auditables. En salarios, se eliminarían restricciones y se aceptarían pagos variables en pesos y divisas.
El paquete cierra con propuestas inmobiliarias y digitales: arrendar inmuebles estatales, usar edificios ociosos, abrir concesiones, aplicar licitaciones, imponer facturación electrónica y usar inteligencia artificial en la administración pública. La duda central no está en el enunciado, sino en si el régimen permitirá una apertura real sin conservar el control político sobre cada decisión económica.
