
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a desmontar su proyecto de convertir grandes almacenes comerciales en centros de detención migratoria, mediante la venta o reasignación de varios inmuebles adquiridos en distintas ciudades.
La rectificación responde a demandas judiciales, problemas de infraestructura, cuestionamientos sobre los precios pagados y rechazo de autoridades locales.
El gobierno federal destinó $1.074 millones a la compra de 11 propiedades. El plan, promovido durante la gestión de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contemplaba instalaciones capaces de concentrar hasta 10.000 detenidos.
La iniciativa formaba parte de un programa de $38.000 millones para ampliar la capacidad de custodia migratoria.
ICE venderá varios almacenes comprados para detener migrantes
Documentos internos citados por The New York Times indican que siete de los 11 edificios dejarían de utilizarse con el propósito original. Algunos serían vendidos y otros transferidos a distintas agencias federales.
Uno de ellos está en Romulus, Michigan. El gobierno comunicó a un juez que pondrá en venta el inmueble de 249.000 pies cuadrados, adquirido por $34,7 millones. Michigan y esa ciudad cercana a Detroit habían presentado una demanda contra el proyecto.
En Social Circle, Georgia, el congresista republicano Mike Collins informó que el DHS descartó instalar allí un centro migratorio. La propiedad costó casi cinco veces su valor tasado, según datos que motivaron una auditoría interna.
Sobrecostos, demandas y falta de servicios básicos
La oposición reunió a dirigentes republicanos y demócratas. En total, fueron presentadas siete demandas federales. Varios estados también frenaron permisos porque las redes de agua potable y saneamiento no podían atender instalaciones con miles de ocupantes.
El mayor desembolso correspondió a un almacén de Salt Lake City, comprado por $145,4 millones. Ante la falta de conexiones adecuadas, ICE llegó a plantear el traslado de agua potable y residuos mediante camiones como “solución provisional”.
Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE, calificó la estrategia de “absolutamente imprudente”. “Las instalaciones de más de 2.000 personas simplemente se desmoronan. Es muy difícil gestionar una instalación tan grande, mantenerla con personal y hacer que todo funcione”, afirmó.
Algunos proyectos de ICE continuarán bajo revisión
En Socorro, Texas, tres edificios comprados por $122 millones ya no recibirán a los 8.500 migrantes previstos. ICE proyecta convertirlos en un complejo con oficinas, áreas de entrenamiento y una cantidad menor de detenidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, suspendió nuevas adquisiciones tras sustituir a Noem, despedida en marzo de 2026. El DHS no confirmó todas las ventas, aunque aseguró que está “moviéndose rápidamente para utilizar el espacio de detención existente con nuestros socios estatales y del condado”.
El proyecto de Maryland continúa bajo revisión ambiental pese a una orden judicial que paralizó las obras. Patrick Dattilio, fundador de Hagerstown Rapid Response, mantiene su rechazo. “Es un gran almacén. No está pensado para personas”.
Por su parte, el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, suspendió sus actividades tras recibir la orden de trasladar a todos sus detenidos la semana pasada. Inicialmente, indicaron que era una medida temporal adoptada por la temporada ciclónica 2026, pero esta información fue desmentida poco después.

