Casi un centenar de jóvenes cubanos han fallecido durante el Servicio Militar Activo (SMA), de acuerdo con un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC).
La investigación concluye que la mayoría de las víctimas eran adolescentes o jóvenes con una edad promedio de 18,7 años y advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor, ya que el régimen cubano no publica estadísticas oficiales sobre fallecimientos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas.
Elaborado con el respaldo de Cuba Siglo 21, el informe documentó al menos 97 muertes y desapariciones de reclutas cubanos entre agosto de 2001 y la primavera de 2026.
El sistema ha sido cuestionado durante años por numerosas familias cubanas y organizaciones de derechos humanos, por hacer el servicio militar obligatorio para los varones.
Desde hace tiempo, existe un creciente rechazo entre parte de la población, que denuncia la falta de garantías para la seguridad de los reclutas, las deficientes condiciones en las unidades militares y la escasa transparencia con la que las autoridades manejan las muertes ocurridas durante el cumplimiento de esa obligación.
La investigación, titulada “El endurecimiento del Servicio Militar Obligatorio en Cuba”, fue realizada por el investigador José Manuel González Rubines a partir de la base de datos del proyecto Archivo Cuba y con la colaboración de Alfredo González, padre de uno de los jóvenes fallecidos.
El documento aclara que los 97 casos representan únicamente los hechos que pudieron documentarse, por lo que el número de víctimas es presumiblemente superior debido a la ausencia de información pública por parte del Estado.
Entre las causas de muerte identificadas, el suicidio ocupa el primer lugar con 33 casos, equivalentes al 34% del total. Le siguen las situaciones atribuidas a negligencia grave o criminal, con 25 fallecidos, y los accidentes, con otros 22 casos.
Además, siete de las víctimas eran menores de 18 años, pese a que Cuba ratificó en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño. El informe también recoge denuncias de familiares que ponen en duda la versión oficial en algunos expedientes clasificados como suicidios y sospechan que pudieron tratarse de homicidios.
Los testimonios recopilados describen un entorno marcado por el aislamiento, la precariedad y prácticas disciplinarias consideradas degradantes.
Varios exreclutas señalaron que las condiciones dentro del servicio generan una fuerte presión psicológica y emocional, al punto de que muchos llegaron a experimentar pensamientos suicidas durante su permanencia en las unidades militares.
El informe recuerda dos de los episodios más graves registrados en los últimos años. En agosto de 2022, cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años murieron durante el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, tras ser enviados a enfrentar el siniestro sin la preparación ni los medios adecuados.
Posteriormente, en enero de 2025, otros nueve reclutas perdieron la vida junto a cuatro oficiales tras la explosión de un almacén de municiones en Melones, provincia de Holguín.
La investigación también documenta casos recientes ocurridos fuera de esos desastres. Entre ellos figura el de Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años, fallecido en marzo de 2026 en una unidad militar de El Cotorro, en La Habana, pese a que, según el informe, contaba con una evaluación médica que desaconsejaba el uso de armas.
También se menciona a Adrián Rodríguez García, natural de Santa Clara, quien murió el 31 de diciembre de 2023 después de que la unidad militar retrasara su licenciamiento.
El joven recibió autorización para salir ese día y fue atropellado por un conductor presuntamente ebrio. Según el documento, no se investigó la actuación de los mandos que permitieron su salida en esas circunstancias.
Otro caso emblemático es el de Annier González, de 18 años, quien murió en julio de 2021 apenas 13 días después de incorporarse al servicio. El informe señala que utilizó el arma que le habían asignado mientras cumplía una guardia en solitario en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas.
Su padre creó posteriormente el grupo de Facebook “No más víctimas en el Servicio Militar en Cuba”, que reúne a más de 18.000 integrantes y se ha convertido en un espacio donde familiares denuncian otros casos similares.
El estudio también sostiene que quienes exigen investigaciones independientes suelen enfrentar represalias. Como ejemplo, menciona el caso del padre de Orlando Lago Vega, asesinado en una unidad militar en 2020, quien fue condenado a prisión tras insistir en esclarecer la muerte de su hijo.
Asimismo, recuerda que el Código Penal Militar endureció las sanciones por evasión del servicio y que la legislación vigente incluso contempla severas consecuencias para los reclutas que sobreviven a intentos de suicidio.
Como referencia internacional, el informe compara la situación cubana con la de Israel, indicando que ambos países documentaron 22 fallecimientos de militares en 2025.
Sin embargo, mientras en Israel cada caso es investigado públicamente, los autores sostienen que en Cuba predomina el hermetismo oficial, una situación que continúa alimentando la desconfianza de muchas familias hacia un servicio militar que, pese a ser obligatorio, sigue siendo señalado por no ofrecer garantías suficientes para proteger la vida de quienes son llamados a cumplirlo.
