La exjueza cubana Katrina Castro Menéndez, de 41 años, permanece detenida en Broward, Florida, mientras enfrenta un proceso de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades examinan su pasado como jueza penal en Cuba y las contradicciones detectadas en sus solicitudes migratorias.
Castro Menéndez, según un reportaje publicado este lunes en EL PAÍS, llegó a Estados Unidos en 2021 después de residir en México. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana y ejerció como jueza en Cárdenas y Centro Habana.
ICE investiga posible fraude migratorio
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la exjueza intentó obtener beneficios migratorios mediante fraude o tergiversación. La acusación se basa en diferencias entre su petición de asilo y la posterior solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En el formulario I-589 aparecía que Castro-Menéndez no había pertenecido a organizaciones políticas. Ella atribuye esa respuesta al bufete que preparó su petición de asilo por 3.000 dólares y afirma que no fue entrevistada adecuadamente.
La explicación deberá ser valorada por el tribunal, pero no elimina la responsabilidad de revisar la información firmada bajo juramento.
Al presentar el formulario I-485, reconoció haber integrado los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Aunque la pertenencia a esas organizaciones suele ser automática y difícilmente evitable en Cuba, son estructuras incorporadas al modelo político y utilizadas para movilizar y controlar a la población.
La diferencia entre ambos formularios permitió al Gobierno cuestionar si la solicitante había ocultado información relevante. Castro-Menéndez sostiene que rectificó cuando le formularon una pregunta más específica. El ICE, en cambio, considera que existió una omisión consciente destinada a facilitar la obtención de un beneficio migratorio.
El pasado de Katrina Castro como jueza del régimen cubano
El segundo punto del caso es su presunta afiliación o asociación con el Partido Comunista de Cuba (PCC). Katrina niega haber militado formalmente en el partido, pero Seguridad Nacional argumenta que su trabajo como jueza penal implicaba una vinculación con la estructura comunista que debía ser revelada.
La Constitución cubana define al PCC como la fuerza política superior de la sociedad y del Estado. Los tribunales forman parte de ese entramado institucional y carecen de la independencia existente en una democracia pluralista. Haber ejercido como jueza profesional supone, como mínimo, haber ocupado una posición de confianza dentro de un aparato encargado de aplicar las leyes del régimen.
Castro-Menéndez afirma que dejó de ser jueza en 2014 y que atendía delitos comunes de poca gravedad, imponía sanciones inferiores a un año y nunca procesó a manifestantes u opositores. El reportaje de EL PAÍS no aporta expedientes judiciales ni otras pruebas independientes que permitan comprobar qué casos juzgó durante su carrera.
La exjueza cubana deberá responder ante el tribunal migratorio
Durante su primera audiencia, celebrada el 5 de agosto, Castro-Menéndez compareció sin abogado y decidió asumir su propia defensa. Ante el juez reiteró que perteneció a los CDR, la FMC y la FEU, pero rechazó haber integrado el Partido Comunista en Cuba o en cualquier otro país.
El proceso ocurre mientras la Administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, endurecen las medidas contra instituciones del régimen cubano y personas vinculadas con estructuras sancionadas. Esa política ha aumentado el escrutinio sobre antiguos funcionarios y familiares de integrantes de la élite castrista establecidos en Estados Unidos.
La detención de Katrina plantea un debate que no debe resolverse ni mediante absoluciones sentimentales ni con acusaciones sin respaldo individual. Su trabajo como jueza del régimen y las inconsistencias migratorias justifican preguntas rigurosas. Sin embargo, corresponde al Gobierno probar si mintió deliberadamente y si mantuvo la afiliación comunista que se le atribuye.
Hasta ahora no existe una orden definitiva de deportación. El tribunal tendrá que decidir si las explicaciones ofrecidas resultan creíbles o si su trayectoria institucional y las omisiones detectadas bastan para declararla inadmisible en Estados Unidos.
