La creciente presión de Estados Unidos contra el régimen cubano está abriendo una pregunta que hasta hace pocos meses parecía prematura: si Washington consigue provocar una ruptura en la cúpula gobernante, ¿qué ocurrirá en Cuba al día siguiente?
La columnista Mary Anastasia O’Grady plantea directamente esa cuestión este domingo en The Wall Street Journal, en un artículo dedicado no ya a cómo aumentar la presión sobre La Habana, sino a cómo podría desarrollarse una transición cubana y evitarse que el derrumbe del sistema desemboque en caos.
“No es demasiado pronto para pensar en esa pregunta”, advierte O’Grady después de señalar que el secretario de Estado, Marco Rubio, está incrementando como nunca antes la presión sobre la cúpula del régimen cubano.
La pregunta adquiere especial importancia porque durante 2026 han aparecido sucesivas informaciones que indican que Washington ya no está pensando únicamente en sanciones.
De hecho, en mayo Periódico Cubano informó sobre revelaciones de The New York Times acerca de una estrategia de Donald Trump y Marco Rubio para provocar un cambio definitivo en Cuba, mediante presión económica y otras acciones contra las fuentes de supervivencia del régimen.
No existe evidencia pública de que Donald Trump haya aprobado un documento definitivo que establezca quién gobernaría Cuba, cómo se distribuiría el poder o qué instituciones sobrevivirían después de una ruptura política.
Pero cada vez existen más piezas de lo que podría convertirse en un plan para el “día después”.
El temor de Washington: tumbar el sistema y después tener que reconstruir Cuba
O’Grady identifica uno de los principales obstáculos que tendría cualquier estrategia estadounidense destinada a provocar el final del régimen: el vacío que podría quedar detrás.
La periodista alude al temor de que una Cuba sin una estructura preparada para sustituir al sistema actual termine atrapada entre el “caos y un capitalismo dominado por grupos privilegiados”.
En ese escenario, Estados Unidos podría encontrarse ante un problema considerable: después de contribuir mediante una intensa presión económica y política al debilitamiento del régimen, tendría que afrontar las consecuencias de un colapso institucional a apenas 90 millas de Florida.
Ese temor ayuda a explicar por qué Rubio lleva meses hablando de una transición ordenada y no de la simple destrucción de todas las estructuras del Estado cubano.
Rubio ya había explicado cómo imagina la transición
Uno de los antecedentes más importantes se produjo el 3 de junio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Rubio habló entonces explícitamente de cómo podría realizarse una transición democrática cubana y puso como referencia las experiencias de Europa del Este después de la caída del comunismo.
El secretario de Estado sostuvo que no todas las estructuras existentes deberían desaparecer inmediatamente, pues Cuba necesitaría funcionarios y cuadros técnicos capaces de mantener servicios esenciales mientras se transforma el sistema político.
Periódico Cubano informó entonces que Rubio defendía estudiar los casos de países como Polonia y República Checa precisamente para impedir que el final del régimen desemboque en caos.
Ese planteamiento resulta ahora especialmente relevante. Significa que una eventual estrategia estadounidense no necesariamente contemplaría eliminar de inmediato toda la administración pública cubana, sino preservar determinadas estructuras técnicas mientras desaparece el monopolio político del Partido Comunista y se construyen nuevas instituciones.
Washington lleva meses evitando revelar hasta dónde piensa llegar
Las declaraciones públicas de Rubio también contienen una dosis deliberada de ambigüedad.
Cuando en febrero fue interrogado directamente sobre si Estados Unidos estaba buscando un cambio de régimen en Cuba, el secretario de Estado evitó revelar la estrategia de Washington.
“No voy a decírselo ni anunciarlo en una entrevista, porque obviamente estas cosas requieren espacio y tiempo para hacerlo correctamente”, afirmó entonces. La declaración fue recogida por Periódico Cubano en medio de informaciones sobre contactos entre Washington y figuras de las altas esferas cubanas.
La frase resulta relevante porque Rubio no negó categóricamente que existiera una estrategia. Se negó a explicar públicamente sus detalles.
Meses antes había asegurado ante el Senado que sería beneficioso para los intereses estadounidenses que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático, aunque rechazó comprometer directamente a Washington con una operación destinada a provocarlo.
De “qué espera EEUU” a cómo administrar el cambio
La evolución del discurso durante los últimos meses resulta llamativa.
En junio, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar preguntó directamente a Rubio qué estaba esperando Estados Unidos para impulsar una transición democrática en Cuba.
Rubio respondió insistiendo precisamente en que una transformación de ese calibre debía realizarse con cuidado y evitando repetir errores cometidos en otros escenarios internacionales.
Periódico Cubano recogió aquel intercambio, en el que el jefe de la diplomacia estadounidense volvió a señalar las transiciones de Europa Oriental como posible referencia. Dos meses después, el debate parece encontrarse en una fase distinta.
La pregunta ya no es únicamente si Washington quiere cambios en Cuba, sino cómo impedir que esos cambios produzcan un vacío de poder.
Presionar al régimen hasta provocar una fractura
La primera fase del posible esquema estadounidense resulta mucho más visible: aumentar progresivamente el costo de supervivencia del Gobierno cubano. Rubio lo explicó con extraordinaria claridad este mes.
“Lo que intentamos enseñarles es que no hay escapatoria”, dijo al describir una política mediante la cual Washington pretende identificar y cerrar cada mecanismo que La Habana utilice para esquivar las restricciones estadounidenses.
Rubio aseguró que la campaña de presión continuaría durante los próximos dos años y medio.
La lógica detrás de esa estrategia sería llevar al Gobierno cubano a una situación en la que cada vez resulte más difícil obtener divisas, financiar sus estructuras de poder y encontrar socios capaces de sustituir las fuentes de ingresos bloqueadas por Washington.
Una presión semejante tendría también otro posible objetivo: provocar divisiones dentro de la propia élite gobernante.
Reportes publicados durante el verano indican que funcionarios estadounidenses han tratado de identificar personas dentro de las estructuras cubanas capaces de participar en una eventual coalición reformista.
Ese elemento es crucial. Una transición administrada exclusivamente por la oposición en el exilio o por Washington tendría enormes problemas de legitimidad y capacidad operativa dentro de Cuba. Una ruptura negociada con sectores del propio aparato podría, en cambio, permitir conservar temporalmente estructuras indispensables del Estado mientras cambia el sistema político.
Rubio reconoce que el proceso podría durar años
El secretario de Estado profundizó en esa idea durante una entrevista divulgada este mes.
Rubio explicó que un sistema establecido durante casi siete décadas no puede desmontarse una mañana y ser sustituido inmediatamente por instituciones completamente nuevas. “Tiene que haber una transición”, afirmó.
Como referencia volvió a señalar los antiguos países comunistas de Europa Oriental y recordó que algunos necesitaron entre tres y cinco años para completar sus transformaciones políticas y económicas.
Las palabras rebajan las expectativas de quienes esperan una intervención estadounidense seguida inmediatamente por elecciones.
Periódico Cubano destacó precisamente ese cambio de expectativas al informar que Rubio sitúa el horizonte de una transformación profunda de Cuba hacia el final del actual mandato de Trump. Lo que empieza a perfilarse sería, por tanto, una transición gradual y potencialmente de varios años, no una sustitución instantánea de un Gobierno por otro.
¿Quién podría administrar Cuba durante ese período?
Aquí aparece probablemente la mayor incógnita de cualquier posible plan de Washington.
Estados Unidos puede aplicar sanciones, bloquear fuentes de financiación, negociar con integrantes del régimen y establecer las condiciones bajo las cuales reconocería a un gobierno de transición.
Pero sigue sin conocerse públicamente quién gobernaría Cuba durante ese período. Tampoco está claro qué papel tendrían las Fuerzas Armadas, los cuadros técnicos de los ministerios, los gobiernos municipales, la oposición dentro de la isla y los millones de cubanos que viven en el exterior.
Ese problema explica en gran medida el interés de O’Grady por el “día después”. Derribar un sistema puede resultar mucho más sencillo que construir el siguiente.
Estados Unidos ya tiene una ley para el “día después” en Cuba
Hay además un detalle fundamental: Washington no comenzaría desde cero. La Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, dedica una parte considerable de su articulado precisamente a establecer qué debería ocurrir cuando aparezca en Cuba un gobierno de transición.
La legislación establece que el presidente estadounidense deberá preparar asistencia para Cuba cuando determine que existe un gobierno transitorio o democráticamente elegido.
También fija criterios para reconocer esa transición.
Entre ellos figuran la legalización de la actividad política, la liberación de presos políticos, avances hacia un poder judicial independiente, el respeto de las libertades fundamentales, la protección de la propiedad privada y el compromiso de organizar elecciones libres.
La ley contempla además ayuda estadounidense en alimentos, medicinas, energía y reconstrucción económica.
Por tanto, Estados Unidos ya dispone desde hace tres décadas de una arquitectura legal para responder al final del régimen cubano, aunque las circunstancias actuales podrían obligar a modificarla o complementarla.
También existe un viejo proyecto detallado de transición
La Administración de George W. Bush fue todavía más lejos.
La Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre elaboró a partir de 2004 extensos documentos destinados a estudiar cómo Estados Unidos podría colaborar después del final del régimen.
Aquellos planes abordaban desde la reorganización institucional hasta la justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía, la infraestructura, las empresas estatales, las inversiones internacionales y la reconstrucción económica.
También utilizaban las experiencias de Europa del Este como referencia.
No existe evidencia pública de que Trump haya adoptado aquellos documentos como hoja de ruta.
Pero constituyen un antecedente importante porque demuestran que el Gobierno estadounidense lleva décadas estudiando escenarios concretos para la Cuba posterior al castrismo.
El dinero de la diáspora entraría después
O’Grady introduce además otra pieza fundamental: la reconstrucción económica.
La tesis central de su artículo es que la ayuda de Estados Unidos y el capital de la diáspora cubana podrían desempeñar un papel esencial en la recuperación del país si los comunistas pierden el poder.
Ese capital no significaría únicamente remesas.
Los cubanos radicados en Estados Unidos, España y otros países podrían aportar empresas, inversiones, experiencia profesional, tecnología y conexiones con los mercados internacionales.
Rubio ya había planteado en mayo una idea estrechamente relacionada: una economía cubana donde los ciudadanos pudieran prosperar directamente, sin depender de GAESA ni de las estructuras controladas por el Partido Comunista.
En aquel momento afirmó que Trump ofrecía una nueva relación con Cuba dirigida al pueblo cubano y no a los conglomerados controlados por el poder.
Las sanciones siguen preparando el terreno
Mientras se debate el futuro, Washington continúa endureciendo el presente.
El 20 de agosto Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas, reforzando el aislamiento financiero de organismos considerados importantes para el mantenimiento de las estructuras gubernamentales.
Entre los sancionados estuvo Fernando González Llort, exintegrante de la Red Avispa y actual presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
Las medidas buscan reducir los recursos disponibles para instituciones que Washington considera estratégicas para el sostenimiento del aparato de poder.
La combinación resulta cada vez más clara: presión económica en el presente y discusión sobre una posible transición para el futuro.
¿Existe entonces un plan secreto de Washington?
Con la información disponible públicamente, no puede afirmarse que exista un documento secreto y completamente desarrollado que determine quién sustituirá a Díaz-Canel y cómo se gobernará Cuba durante la transición. Pero tampoco sería correcto afirmar que Washington no tiene nada preparado.
Existen al menos varios elementos:
- una estrategia creciente de presión para debilitar al régimen;
- conversaciones sobre una transición gradual;
- interés por preservar cuadros técnicos indispensables;
- búsqueda de posibles interlocutores dentro de las estructuras de poder;
- referencias explícitas a los modelos de Europa del Este;
- una legislación que define qué considera EEUU un gobierno cubano de transición;
- planes históricos estadounidenses para administrar asistencia durante ese período;
- y propuestas para movilizar inversión privada y capital de la diáspora después del cambio.
Vistas por separado, estas piezas no constituyen necesariamente un único plan.
Vistas juntas, muestran que el “día después” de la dictadura cubana está dejando de ser para Washington una discusión puramente teórica.
Eso es lo que hace especialmente significativo el artículo publicado ahora por Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal.
La pregunta que comienza a ganar espacio ya no es únicamente cómo puede terminar el régimen cubano. Es una mucho más difícil: ¿quién gobernará Cuba al día siguiente y cómo evitará Washington que la caída del sistema termine convirtiéndose en otro desastre?
