Un tribunal federal de Miami celebrará el próximo 2 de septiembre una audiencia clave para el proceso judicial iniciado por 992 cubanos que buscan que sus órdenes de libertad I-220A sean reconocidas como parole humanitario para fines migratorios.
La cita, aplazada recientemente por motivos administrativos, analizará si la demanda puede avanzar y si podrá convertirse en una acción colectiva que incluya a otros migrantes en la misma situación.
Aunque miles de cubanos siguen con expectativa el resultado del proceso, abogados especializados han advertido que la audiencia no representa una decisión final sobre el futuro migratorio de los titulares de I-220A.
La abogada de inmigración Claudia Cañizares explicó a Cuba en Miami que el cambio de fecha no debe interpretarse como una señal a favor o en contra de ninguna de las partes.
“Es simplemente un cambio administrativo. Yo no estaría muy preocupada”, afirmó la especialista al referirse al aplazamiento.
Jueza analizará si la demanda puede continuar
Durante la audiencia, la jueza deberá revisar dos asuntos principales: la solicitud de convertir el proceso en una demanda colectiva y la petición del Gobierno federal para desestimar el caso.
El expediente, identificado como Bello-Rubio vs. Departamento de Seguridad Nacional, representa inicialmente a 992 ciudadanos cubanos que ingresaron a Estados Unidos y recibieron una orden I-220A tras ser liberados por las autoridades migratorias.
Los demandantes sostienen que esa forma de liberación debería tener los mismos efectos que un parole humanitario, un elemento relevante para quienes buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y solicitar la residencia permanente si cumplen otros requisitos.
El Gobierno federal mantiene una posición contraria. En su solicitud para cerrar el caso, argumenta que una I-220A no equivale al parole establecido en las normas migratorias estadounidenses.
El Gobierno intenta detener el proceso judicial
La moción presentada por las autoridades estadounidenses será uno de los puntos centrales del debate. Si la jueza acepta los argumentos gubernamentales, la demanda podría quedar detenida en esta fase del proceso.
En cambio, si rechaza la solicitud, el litigio continuaría y avanzaría hacia una discusión más profunda sobre si las liberaciones bajo I-220A pueden generar beneficios equivalentes al parole.
Cañizares recordó que la audiencia no resolverá la reclamación principal.
“Este día no se va a decidir el caso”, señaló la abogada, quien explicó que el tribunal escuchará los argumentos y posteriormente emitirá una decisión.
Una decisión podría tardar semanas
Aunque la jueza tiene autoridad para pronunciarse durante la audiencia, los abogados consideran más probable que la resolución llegue después mediante una orden escrita.
“Lo normal es que la jueza escuche y después tome una decisión más adelante”, explicó Cañizares.
El tribunal podría tardar días o semanas en emitir un fallo, dependiendo de la complejidad de los argumentos y de su carga de trabajo. También existe la posibilidad de que solicite información adicional antes de tomar una decisión.
Para los cubanos con I-220A, las primeras resoluciones estarán relacionadas con el futuro del proceso judicial y el alcance de la demanda, no con la aprobación automática de residencias.
Miles de migrantes cubanos permanecen en espera debido a que las autoridades estadounidenses no reconocen la I-220A como una admisión o parole válido para la Ley de Ajuste Cubano. Muchos llevan años en Estados Unidos, tienen permisos laborales y familias establecidas, pero continúan sin una vía clara para regularizar su situación.
El resultado de la audiencia del 2 de septiembre será un paso importante, aunque el camino legal todavía podría extenderse con nuevas decisiones y posibles apelaciones.
