Un trabajador de ETECSA denunció públicamente que los paneles solares del sistema fotovoltaico instalado en el gabinete telefónico del Reparto Flores, en Santiago de Cuba, sufrieron graves daños tras ser atacados con piedras.
Este hecho se suma a una serie de incidentes que afectan de manera directa la infraestructura tecnológica en medio del colapso eléctrico que azota a la nación.
De acuerdo con el reporte, la agresión dejó inutilizado el respaldo energético de este nodo de telecomunicaciones.
La situación se enmarca en una cadena de robos y sabotajes reportados a lo largo de 2026 en territorio santiaguero, afectando de manera consecutiva a varios gabinetes integrales y dejando a miles de usuarios sin acceso estable a telefonía fija y servicios de datos durante los apagones masivos que paralizan el país.
El impacto en la vida cotidiana
Para los habitantes de la isla, la pérdida de estos equipos representa un retroceso drástico en su día a día. Con una crisis electroenergética que mantiene a gran parte del territorio en la oscuridad de manera simultánea, los sistemas fotovoltaicos instalados en los nodos de telecomunicaciones constituyen la única alternativa para salvaguardar las comunicaciones básicas.
Al respecto, trabajadores del sector expresaron su preocupación ante la pérdida de estos recursos. “Para muchos perder un panel solar no solo significa perder un simple equipo, sino que significa perder sus ahorros, sus proyectos, aspiraciones y, sobre todo, regresar a la incómoda oscuridad”, señalaron fuentes vinculadas a la denuncia ciudadana, advirtiendo sobre las graves repercusiones sociales de estos actos vandálicos en un contexto de escasez generalizada.
Marco legal y sanciones
Ante la creciente ola de afectaciones contra los recursos estratégicos, el sistema judicial cubano mantiene una postura de tolerancia cero. El Tribunal Supremo Popular emitió el Dictamen 475, el cual instruye a los tribunales a calificar el robo y daño a la infraestructura energética como el delito de sabotaje.
Las sanciones estipuladas para estos infractores contemplan penas severas que van desde los siete hasta los 30 años de privación de libertad, llegando a la cadena perpetua o la pena capital en escenarios de extrema gravedad, aunque los ataques continúan registrándose en el oriente cubano.
