Un grupo de académicos, economistas, activistas y especialistas vinculados a la Universidad de Harvard presentó un informe con propuestas para enfrentar la crisis multidimensional que atraviesa Cuba.
Entre las soluciones propuestas están una amnistía general para presos políticos, cambios económicos estructurales y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El documento fue publicado el 10 de septiembre de 2026 bajo el título “Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba”.
El análisis describe una situación marcada por el deterioro económico, la migración masiva, el colapso de servicios básicos, la crisis energética, la falta de alimentos y la pérdida de confianza en las instituciones del país. Sus autores aclaran que se trata de un documento abierto a revisiones y que sus planteamientos corresponden a los participantes a título personal.
El informe atribuye la crisis económica a décadas de políticas fallidas, aunque también señala que las sanciones estadounidenses han agravado algunos efectos sobre la población. Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto cubano disminuyó 11 %, mientras la producción agrícola cayó 58 % y la manufactura retrocedió 42 %.
Producción agrícola en caída y una población que abandona la Isla
El deterioro del sector alimentario ocupa un lugar central en el diagnóstico. La producción de azúcar se redujo 87 %, mientras la carne de cerdo cayó 97 %, el arroz 75 % y los frijoles 80 % entre 2017 y 2024. El documento señala que Cuba depende actualmente de importaciones para cubrir más del 70 % de sus alimentos.
Los especialistas también alertan sobre un “vaciamiento demográfico” provocado por la salida de millones de cubanos. Según el informe, entre 2013 y 2024 el saldo migratorio acumulado superó los tres millones de personas, mientras la población envejece y los nacimientos son inferiores a las defunciones desde 2020.
El envejecimiento poblacional es otro de los desafíos señalados. Aproximadamente una cuarta parte de los habitantes de la Isla supera los 60 años, una situación que aumenta la presión sobre los sistemas de salud y seguridad social.
Hospitales deteriorados, apagones y cuestionamientos al modelo político
El documento sostiene que el Estado cubano enfrenta dificultades crecientes para garantizar servicios esenciales como electricidad, transporte, agua potable, educación y atención médica. También menciona un déficit habitacional superior a las 800.000 viviendas y el deterioro de carreteras, puentes y ferrocarriles.
En materia social, el informe cita datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que indican que ocho de cada diez cubanos han dejado de consumir alguna comida diaria por falta de recursos. Al mismo tiempo, cuestiona la distribución de inversiones del Gobierno cubano y señala que el turismo recibió entre 2014 y 2024 una parte significativa de los fondos estatales.
Los autores consideran que el problema principal de Cuba no es únicamente económico, sino político. El informe critica la concentración de poder, las restricciones a la libertad de expresión y asociación, y la falta de independencia entre las instituciones del Estado.
El texto recuerda la respuesta oficial a las protestas del 11 de julio de 2021 y menciona la “orden de combate” emitida por Miguel Díaz-Canel, tras la cual cientos de manifestantes fueron procesados. Según cifras citadas de Prisoners Defenders, en junio de 2026 había más de 1.300 presos políticos en la Isla.
GAESA, transición política y participación de la diáspora
El grupo de Harvard dedica un apartado especial al conglomerado militar GAESA, al que describe como un “Estado dentro del Estado” por su control sobre sectores como turismo, energía, telecomunicaciones, finanzas, inmuebles y remesas. El informe cuestiona la falta de transparencia sobre sus operaciones.
Como primer paso hacia una transición, los autores plantean una amnistía general e incondicional para los presos políticos, junto con la eliminación de restricciones contra opositores, artistas y ciudadanos críticos. También defienden el derecho de cualquier cubano a salir y regresar libremente al país.
El documento propone que Estados Unidos responda con medidas para facilitar una transición, incluyendo apoyo económico y una revisión de sanciones, aunque sostiene que la crisis cubana tiene raíces internas anteriores a las restricciones estadounidenses.
En el ámbito económico, Harvard plantea fortalecer el sector privado, facilitar la inversión de la diáspora, impulsar la producción agrícola y reincorporar a Cuba en organismos financieros internacionales. A largo plazo, propone una nueva Asamblea Constituyente y una “economía social de mercado” con reconocimiento de diversas formas de propiedad.
Los autores concluyen que una transición democrática negociada requerirá la participación del Gobierno cubano, la oposición, la sociedad civil, la diáspora, Estados Unidos y otros actores internacionales. Según el informe, alcanzar ese acuerdo será complejo, pero representa una vía necesaria ante la situación actual del país.
