El proceso judicial contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, concluyó este jueves 1 de julio en La Habana.
Tras la vista oral, la Fiscalía solicitó dos años de privación de libertad para la activista y dos años de arresto domiciliario para su madre, en un caso que vuelve a situar en el centro del debate la persecución a la libertad de expresión en la isla. Al término de la sesión, la medida cautelar de Anna fue modificada a arresto domiciliario, lo que permite que ambas partes apelen la decisión del tribunal.
El origen de esta causa se remonta al pasado 10 de marzo en el reparto Alamar, cuando un suboficial del Ministerio del Interior acudió a la vivienda familiar para entregar una citación de la Seguridad del Estado.
Ante la visita del agente vestido de civil, la familia decidió registrar el hecho en video y difundirlo posteriormente en plataformas digitales como medida de protección ciudadana.
La querella presentada por el oficial alegó una supuesta vulneración de su intimidad y temor tras la exposición pública de su identidad, mientras que la defensa sostiene que documentar una diligencia oficial no constituye un delito.
Repercusiones y declaraciones en el banquillo
Durante su llegada a la sede judicial, la joven creadora de contenido fijó su postura frente al sistema judicial del país. “No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país; no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país; están mal y pensar eso no es delito”, manifestó la activista ante simpatizantes y observadores.
Asimismo, la defensora de derechos humanos recalcó que su labor se limita a comunicar sus convicciones a través de las redes sociales y sentenció que “nunca va a haber un juicio justo cuando estamos gobernados por un Estado de injusticia”.
El entorno previo al juicio estuvo marcado por una fuerte vigilancia policial alrededor del domicilio familiar en La Habana del Este, con presencia de agentes uniformados y vestidos de civil.
Organizaciones independientes documentaron las restricciones de movimiento, los constantes interrogatorios y las presiones laborales que ambas mujeres han enfrentado desde que se inició la investigación penal.
Garantías procesales y el derecho a disentir
La defensa legal de las procesadas ha insistido en que la publicación de las imágenes respondió estrictamente a la necesidad de salvaguardar su integridad física frente a los métodos de hostigamiento estatal.
Por su parte, la familia y los observadores internacionales presentes en el proceso han denunciado que este tipo de causas busca disuadir a la ciudadanía de fiscalizar los actos de los funcionarios públicos en el territorio nacional.
Con la modificación de la medida cautelar hacia el arresto domiciliario, el proceso entra en una nueva fase procesal donde la defensa agotará las vías de apelación disponibles.
