La activista cubana Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, defendió su derecho a expresar opiniones contrarias al sistema político de Cuba antes del juicio previsto para este jueves 1 de octubre contra ella y su madre, Caridad Silvente.
“No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país, no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país; están mal y pensar eso no es delito”, manifestó la creadora de contenido.
⚠️⚠️#Ahora. Anna Sofía Benítez antes de entrar al juicio “No estamos de acuerdo con el sistema político y eso no es delito”
“Ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos”.… pic.twitter.com/WOshgGMFPR
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) October 1, 2026
En su declaración, Benítez insistió en que utiliza un teléfono y una pantalla para comunicar lo que piensa. También vinculó sus aspiraciones de libertad con un cambio político en la Isla.
Asimismo, ante simpatizantes, líderes religiosos y medios internacionales acreditados en la Isla, agregó: “Nunca va a haber un juicio justo cuando estamos gobernados por un Estado de injusticia”.
La organización Ciudadanía y Libertad informó que la vivienda familiar permanecía rodeada por decenas de policías uniformados y agentes de civil. Al divulgarse esta información, madre e hija seguían dentro de la casa bajo vigilancia antes de comparecer ante el Tribunal Municipal de La Habana del Este.
El procedimiento responde a una querella del suboficial del Ministerio del Interior Yoel Leodán Rabaza Ramos. El agente sostiene que la difusión del video vulneró su intimidad y que se sintió amenazado después de quedar identificado en internet. La defensa rechaza que documentar una diligencia oficial constituya el delito atribuido a ambas mujeres.
Los hechos ocurrieron el 10 de marzo en el edificio donde residen, en Alamar. Rabaza Ramos llegó vestido de civil y acompañado de otro hombre para entregar a Silvente una citación de la Seguridad del Estado. La madre grabó el encuentro y su hija publicó después las imágenes en redes sociales.
“Tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento como medida para nuestra seguridad”, explicó Bensi. La joven niega haber intentado perjudicar al policía o promover ataques contra él. También rechaza que se le atribuya responsabilidad por las reacciones de otras personas tras conocer la publicación.
Después del incidente, Silvente fue interrogada y quedó bajo reclusión domiciliaria. Según su testimonio, los oficiales la llamaron “mala madre” y trataron de que silenciara a su hija. El 25 de marzo, Anna acudió a una unidad policial creyendo que declararía sobre el expediente materno, pero terminó imputada como coautora.
Desde entonces, ambas han enfrentado restricciones de movimiento y prohibición de salir del país. La activista también ha denunciado vigilancia, interrupciones de internet y telefonía, interrogatorios y presiones que afectaron su empleo en un negocio privado. Esas denuncias forman parte del contexto de hostigamiento que describe la familia, informó el Diario Las Américas.
La Fiscalía Provincial de La Habana archivó la primera investigación el 13 de abril. Según los antecedentes aportados, el delito requiere una querella de la persona que se considere ofendida. El agente recurrió posteriormente a esa vía y, el 6 de julio, funcionarios judiciales notificaron a las mujeres del nuevo procedimiento.
De acuerdo con Benítez, el querellante exige un video de retractación y disculpa pública en las mismas plataformas donde se difundieron las imágenes. Su abogado solicita además dos años de limitación de libertad para cada acusada. Esa sanción supone control judicial y restricciones de desplazamiento, aunque no implica internamiento penitenciario.
El defensor Roberto Ortega Ortiz pidió declarar inadmisible la querella porque, a su entender, la narración del policía no describe una conducta delictiva. El tribunal decidió continuar. Cubalex respalda el cuestionamiento y sostiene que el artículo invocado exige una intención de afectar la intimidad, imagen o identidad de otra persona.
Para esa organización, la grabación muestra a un funcionario en ejercicio de sus funciones y no aspectos de su vida privada. Cuba Demanda señaló otra presunta irregularidad: su director, Santiago Alpízar, afirmó que se avanzó hacia el juicio sin promover previamente la conciliación prevista para este tipo de acciones.
El caso también provocó reacciones internacionales. La Embajada de Estados Unidos cuestionó las citaciones y amenazas. Ayer miércoles, el congresista Mario Díaz-Balart exigió terminar la persecución y escribió: “Es inaceptable que los matones de la dictadura en Cuba intenten silenciar a Anna por ejercer su libertad de expresión”.
A esos pronunciamientos se sumó el respaldo de tres denominaciones cristianas: la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Iglesia Metodista en Cuba y las Asambleas de Dios de Cuba. Las entidades reclamaron respeto a los derechos de Anna y Caridad, justicia y garantías procesales.
