La administración del presidente Donald J. Trump endureció durante septiembre y octubre de 2026 los controles migratorios en Estados Unidos mediante nuevas evaluaciones económicas y una mayor revisión de redes sociales. Las disposiciones afectan a determinadas solicitudes de residencia permanente y visas, como parte de una estrategia oficial para reducir la dependencia de ayudas públicas, reforzar la seguridad nacional y proteger el mercado laboral estadounidense.
Las modificaciones introducen exigencias diferentes según el procedimiento. Quienes solicitan una Green Card pueden enfrentar un examen más amplio de su capacidad financiera, mientras que determinadas categorías de visas deben someterse a verificaciones adicionales de su actividad digital.
Trump amplía los controles económicos para obtener la Green Card
Desde el 18 de septiembre entró en vigor una regulación que eliminó las restricciones establecidas por Joe Biden en 2022 para evaluar la denominada carga pública. La medida concede mayor discrecionalidad a los funcionarios migratorios para determinar si un extranjero podría necesitar asistencia gubernamental.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó que sus agentes examinarán las circunstancias particulares de cada solicitante. Entre los elementos considerados figuran los recursos económicos y la información disponible sobre prestaciones públicas recibidas.
La orientación oficial distingue entre beneficios utilizados antes de septiembre de 2026 y aquellos recibidos posteriormente. También establece excepciones para determinadas categorías migratorias, por lo que haber obtenido asistencia estatal no supone automáticamente el rechazo de una petición.
Estas instrucciones se aplican específicamente a los ajustes de estatus sujetos a la causal de carga pública, presentados mediante el formulario I-485 desde la fecha establecida. Los procedimientos consulares tienen sus propias reglas de evaluación.
EEUU aumenta la revisión de redes sociales para determinadas visas
Otra disposición comenzó a aplicarse el 1 de octubre. El Departamento de Estado extendió sus verificaciones digitales a las visas I, destinadas a representantes de medios extranjeros, y TN y TD, vinculadas a profesionales del acuerdo comercial norteamericano y sus familiares dependientes.
Los solicitantes incluidos en esas clasificaciones deben mantener públicos sus perfiles sociales para facilitar el examen de información relacionada con posibles riesgos de seguridad o motivos de inadmisibilidad.
El mecanismo ya abarcaba otras categorías, entre ellas visas estudiantiles, de intercambio y determinadas autorizaciones para trabajadores temporales.
Las restricciones migratorias generan demandas judiciales
En materia laboral, las autoridades mantienen obligaciones salariales para empresas que utilizan el programa H-1B. Los empleadores deben pagar el salario prevaleciente correspondiente o el que reciben empleados comparables, según cuál resulte superior.
Mientras tanto, varios estados y gobiernos locales presentaron demandas contra las nuevas reglas de carga pública. Según Reuters, los demandantes consideran que la amplitud de los controles podría disuadir a familias inmigrantes de solicitar prestaciones legalmente disponibles.
Para los cubanos que tramitan beneficios migratorios, resulta fundamental identificar las exigencias correspondientes a su categoría. Las disposiciones verificadas no establecen una prohibición general de visas ni implican que todos los extranjeros enfrenten los mismos requisitos.
