Un tribunal federal de Florida desestimó la demanda presentada por 143 ciudadanos cubanos contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), a cuyos funcionarios acusaban de mantener paralizadas durante años sus solicitudes de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La jueza Kathryn Kimball Mizelle, del Tribunal Federal para el Distrito Medio de Florida, concedió el 17 de octubre de 2026 la petición del Gobierno estadounidense de cerrar el procedimiento por falta de jurisdicción sobre la materia. La sentencia correspondiente quedó registrada el 20 de octubre.
Según el registro del caso recopilado por Press Unpause a partir de documentos judiciales, la magistrada ordenó desestimar la demanda sin perjuicio, cancelar los plazos y las mociones pendientes y cerrar el expediente.
El fallo representa un nuevo revés para los migrantes, quienes acudieron a la justicia con la esperanza de conseguir una respuesta de USCIS después de prolongados períodos de incertidumbre.
¿Por qué los 143 cubanos demandaron a USCIS por sus Green Cards?
El litigio, identificado como Acosta Reynoso et al. v. U.S. Citizenship and Immigration Services et al., comenzó el 4 de mayo de 2026 en Tampa. La demanda fue ampliada posteriormente hasta reunir a 143 ciudadanos cubanos.
Como Periódico Cubano informó anteriormente sobre la demanda colectiva contra USCIS, los afectados denunciaban retrasos que consideraban irrazonables en la adjudicación de sus formularios I-485, utilizados para solicitar la residencia permanente.
También cuestionaban las demoras en determinados formularios I-765, correspondientes a permisos de trabajo. Según sus alegaciones, algunos expedientes acumulaban más de tres años sin una resolución.
Los demandantes sostenían que esta situación los mantenía en una incertidumbre migratoria prolongada y podía provocar interrupciones en sus autorizaciones laborales.
Por ello, solicitaron que el tribunal obligara a USCIS a pronunciarse sobre sus expedientes en un plazo de 30 días. Además, pretendían impedir la aplicación de determinadas políticas administrativas que, según argumentaban, agravaban los retrasos.
El proceso ya había sufrido dos contratiempos importantes: el 3 de julio, la jueza rechazó una solicitud de emergencia y, el 30 de julio, denegó una medida cautelar preliminar.
En aquella segunda resolución, la magistrada señaló que los demandantes no habían demostrado suficientemente sus probabilidades de éxito ni la existencia de un perjuicio irreparable que justificara la intervención solicitada.
¿Qué significa que el tribunal desestimó la demanda sin perjuicio?
La decisión de octubre cerró el procedimiento, pero contiene una distinción jurídica fundamental: la demanda fue desestimada sin perjuicio, una figura que no equivale a rechazar definitivamente las solicitudes de residencia de los 143 cubanos.
El tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones planteadas. Por tanto, no resolvió individualmente si los demandantes cumplen los requisitos migratorios para recibir una Green Card.
Tampoco significa que USCIS haya denegado automáticamente sus formularios I-485 ni que los afectados hayan perdido necesariamente sus posibilidades de obtener la residencia permanente.
La desestimación sin perjuicio deja abierta, en términos generales, la posibilidad de presentar nuevas acciones cuando exista una vía procesal adecuada. Sin embargo, cualquier iniciativa dependerá de las circunstancias particulares y de los obstáculos jurídicos identificados por el tribunal.
El fallo también evidencia las dificultades de recurrir a las demandas judiciales para acelerar trámites migratorios. Un procedimiento de este tipo puede buscar que las autoridades emitan una decisión, pero no garantiza su aprobación.
Demoras en la residencia por Ley de Ajuste Cubano preocupan a miles de migrantes
El desenlace judicial ocurre en un contexto de mayores tiempos de procesamiento para quienes solicitan la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Datos históricos de USCIS indican que la mediana nacional de procesamiento de esta categoría pasó de siete meses en el año fiscal 2025 a 11,8 meses durante el período de 2026 comprendido hasta el 31 de julio.
Esto representa un incremento cercano al 69%, según los datos sobre el aumento de las demoras para obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La cifra constituye una mediana estadística, no un plazo máximo de resolución. De hecho, abogados de inmigración han advertido sobre expedientes que permanecen pendientes durante períodos superiores a los indicadores oficiales, incluso después de completarse las entrevistas migratorias.
La incertidumbre también afecta la estabilidad laboral. Los solicitantes que dependen de un documento de autorización de empleo deben prestar especial atención a su vencimiento y a las condiciones aplicables, especialmente ante los cambios en las reglas de renovación de permisos de trabajo en Estados Unidos.
No obstante, los retrasos no significan una paralización absoluta de todos los expedientes. Durante los últimos meses también se han reportado nuevas aprobaciones de residencias y autorizaciones laborales correspondientes a solicitudes que permanecían pendientes.
Para los 143 cubanos involucrados en el litigio, la decisión judicial elimina por ahora la posibilidad de obtener mediante este procedimiento una orden que obligue a USCIS a resolver sus casos. Sus expedientes migratorios, sin embargo, mantienen una situación jurídica independiente del cierre de la demanda federal.
