Una decisión de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito ofrece respaldo legal a migrantes cubanos con órdenes finales de deportación que corren el riesgo de ser detenidos nuevamente tras años bajo supervisión.
El tribunal estableció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede reiniciar automáticamente un periodo de seis meses de detención presumiblemente razonable cada vez que vuelve a arrestarlos.
El fallo, emitido el 21 de octubre en el caso Abedi contra Carter, rechaza la interpretación defendida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Según la sentencia, esa presunción corresponde únicamente a los primeros seis meses desde que comienza el período legal de expulsión, y no se renueva con cada arresto posterior.
La distinción es importante: seis meses no constituyen un límite absoluto que obligue a liberar automáticamente a cualquier detenido. Una vez transcurrido ese período, los tribunales deben examinar las circunstancias particulares y determinar si la privación de libertad sigue siendo razonablemente necesaria para ejecutar una deportación.
Para los cubanos que llevan años sujetos a controles migratorios, el beneficio potencial consiste en poder cuestionar un nuevo encierro sin que ICE justifique su duración, simplemente comenzando otra cuenta de seis meses.
Sin embargo, la sentencia no impide todos los arrestos, no cancela órdenes de deportación ni concede estatus migratorio. Su aplicación depende del expediente y de la jurisdicción correspondiente.
El litigio surgió tras la detención de Kaveh Abedi, un ciudadano iraní que llegó a EEUU durante su infancia. Después de una condena por posesión de drogas, recibió protección frente a su devolución a Irán y permaneció durante más de dos décadas bajo supervisión migratoria, antes de ser arrestado nuevamente en junio de 2025.
El tribunal también concluyó que las autoridades incumplieron sus propias reglas al no ofrecerle una entrevista oportuna para responder a los motivos de su nueva detención.
Además, ordenó reconsiderar su reclamación sobre la duración del encierro utilizando el criterio correcto, sin conceder al gobierno otros seis meses de presunción de razonabilidad.
El caso del cubano detenido más de seis meses por ICE
Justo Betancourt, cubano de 54 años radicado en Miami, permaneció más de seis meses detenido por las autoridades migratorias estadounidenses. De ese período, pasó cuatro meses y medio en Alligator Alcatraz.
Tras más de 36 años en Estados Unidos, Betancourt fue arrestado el 29 de octubre de 2025 al presentarse a su cita anual con el ICE. Había acudido convencido de que cumpliría con un trámite rutinario.
Según la denuncia, durante la comparecencia le entregaron un documento en inglés que no entendía y le indicaron que debía firmarlo como parte del registro anual. Sin embargo, el escrito incluía su aceptación de una autodeportación.
A partir de entonces, pasó por varias instalaciones migratorias de Florida y Texas. Las autoridades lo enviaron a México para concretar su salida de EEUU, pero el país rechazó recibirlo y lo devolvió a territorio estadounidense. Su recorrido terminó en Alligator Alcatraz.
El juez federal de distrito Kyle Dudek resolvió el 13 de mayo a favor de un recurso de habeas corpus, al considerar errónea la detención. Su orden estableció un plazo de 48 horas para ponerlo en libertad.
La liberación se produjo durante la madrugada del 15 de mayo en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami. Allí lo esperaba su familia, que durante meses había realizado gestiones, organizado vigilias y denunciado públicamente su situación.
Su hija, Arianne Betancourt, cuestionó a la congresista republicana María Elvira Salazar durante un encuentro comunitario celebrado en Miami. La joven le reclamó por su postura ante las detenciones migratorias y por la atención brindada a los familiares de los detenidos.
El activista Thomas Kennedy grabó el intercambio y lo difundió en X. En las imágenes, Arianne, de 33 años, reprochó a Salazar su defensa de dicho centro migratorio y la acusó de desatender a las familias afectadas por las políticas migratorias de la administración.
Betancourt había cumplido una condena de prisión tras declararse culpable en 2016, ante un tribunal federal, de conspiración para distribuir metanfetamina y de un delito relacionado con armas de fuego.
