
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución del cubano Ricardo González, de 56 años. El cumplimiento de la sentencia mediante inyección letal está programado para el 1 de diciembre en la Prisión Estatal de Florida, informó Telemundo 51.
Según los registros judiciales, González disparó el arma que causó la muerte del policía Steven Bauer durante un robo bancario en North Miami Beach en enero de 1992.
El policía escoltaba a empleados del Kislak National Bank hacia las ventanillas de atención para automóviles cuando cuatro asaltantes se acercaron para robar una caja de efectivo.
González participó en el asalto junto con otros tres hombres, entre ellos los también cubanos Leonardo Franqui y Pablo San Martín, quienes igual figuran entre las 235 personas que se encuentran en el corredor de la muerte de Florida, según el Departamento de Correcciones de Florida.
Poco más de dos semanas después del homicidio, los investigadores lo arrestaron en su residencia. Tras la detención, realizó declaraciones grabadas y otras que no quedaron registradas en audio, en las que reconoció haber disparado durante los hechos.
El acusado sostuvo que apuntó hacia abajo y que creía haber herido al agente únicamente en una pierna. Sin embargo, posteriormente se determinó que su arma efectuó el disparo que alcanzó a Bauer en el pecho y le provocó la muerte.
La orden de sentencia firmada el 19 de septiembre de 1998 por el juez de circuito Robert Scola Jr. indica que, inmediatamente después de disparar, González recogió la bandeja con dinero que había quedado en el suelo. El documento señala que recibió 1.500 dólares como parte del botín.
La condena y los argumentos de la defensa
González fue declarado culpable de asesinato en primer grado de un agente del orden público, robo a mano armada y agresión con agravantes. También resultó condenado por dos cargos de hurto mayor y otros dos de allanamiento de morada. La pena capital correspondió al asesinato de Bauer y también recibió una cadena perpetua por el robo armado.
Durante el proceso, un neuropsicólogo clínico que declaró a favor del acusado sostuvo que este había actuado bajo una perturbación mental o emocional extrema. El especialista mencionó las exigencias de su matrimonio, una infancia marcada por el traslado entre familiares y dificultades educativas y lingüísticas.
El testimonio también aludió a sus antecedentes como boxeador, daño cerebral, problemas para controlar los impulsos y falta de criterio. Esos argumentos formaron parte de la defensa, pero González recibió una sentencia de muerte por su responsabilidad en el crimen.
Con otras ejecuciones previstas para el jueves y el 19 de noviembre, González sería el recluso número 21 ejecutado en Florida este año si se cumple el calendario. El Estado llevó a cabo 19 ejecuciones el año pasado, su mayor cifra anual desde 1976.
Según los datos citados del Death Penalty Information Center, este año se han ejecutado 32 presos en seis estados. Texas ocupa el segundo lugar, con siete.
