Cuba publicó este lunes en su Gaceta Oficial la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, conformada por un paquete de cuatro normas que reorganiza la actividad científica, incorpora a empresas privadas y promueve la colaboración de investigadores residentes en el extranjero.
Las disposiciones establecen un plazo de sesenta días para su entrada en vigor, cuyo cómputo sitúa la aplicación en el 8 de enero de 2027, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
La Gaceta Oficial número 94 recoge la Ley 182/2025, General de Ciencia, Tecnología e Innovación; el Decreto-Ley 139/2026, sobre la Academia de Ciencias de Cuba; y los decretos 154/2026 y 155/2026. Estos últimos reglamentan la ley y las actividades de innovación y racionalización.
El conjunto abarca desde el financiamiento y la formación de investigadores hasta la comercialización de resultados, los derechos de los autores y el acceso al conocimiento.
“Es una norma innovadora que potencia la ciencia en función del desarrollo sostenible de Cuba, para juntos contribuir a transformar la economía y la sociedad cubanas, con el aporte de los hombres y mujeres de ciencia y pensamiento que vislumbró Fidel”, dijo el presidente designado de la Isla, Miguel Díaz-Canel, al anunciar la publicación en redes sociales.
Es una norma innovadora que potencia la ciencia en función del desarrollo sostenible de #Cuba, para juntos contribuir a transformar la economía y la sociedad cubanas, con el aporte de los hombres y mujeres de ciencia y pensamiento que vislumbró #Fidel.
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— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 9, 2026
El texto, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado, sustituye disposiciones anteriores, entre ellas la Ley de Innovaciones y Racionalizaciones de 1982 y los decretos-leyes sobre entidades científicas y organización del sistema aprobados en 2014 y 2020.
Para los científicos cubanos emigrados, una de las disposiciones relevantes aparece en el artículo 75. La norma estimula su participación en proyectos de colaboración, formación de profesionales, servicios tecnológicos y encuentros científicos celebrados en Cuba.
También promueve el retorno del potencial científico. Sin embargo, ese artículo no establece incentivos económicos concretos, facilidades migratorias ni garantías laborales específicas para quienes decidan regresar o colaborar desde el extranjero.
La legislación reconoce como participantes a universidades, centros de investigación, empresas estatales y privadas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y asociaciones.
Incluye proyectos de desarrollo local relacionados con estas actividades. Esa diversidad queda integrada en una estructura dirigida desde el Estado: el Citma coordina el sistema y el Consejo Nacional de Innovación, presidido por el presidente de la República, recomienda decisiones para impulsar la actividad.
El texto reconoce derechos como elegir métodos de investigación, colaborar internacionalmente, expresar opiniones e intercambiar ideas. También prohíbe la discriminación y protege derechos de propiedad intelectual.
No obstante, exige discreción sobre proyectos considerados sensibles por sus objetivos económicos, sociopolíticos o de seguridad nacional. Entre sus propósitos incorpora el perfeccionamiento de la dirección de la construcción del socialismo, junto con el desarrollo económico y la protección ambiental.
El financiamiento podrá proceder del presupuesto estatal, utilidades empresariales, créditos bancarios, inversión extranjera, cooperación internacional y donaciones. Las entidades científicas también podrán cobrar por servicios, paquetes tecnológicos y regalías.
La ley responsabiliza a las empresas estatales de invertir recursos en ciencia e innovación y exige que expliquen en sus balances anuales los motivos de cualquier incumplimiento. Asimismo, plantea aumentar progresivamente la proporción del producto interno bruto destinada al sector, sin fijar un porcentaje obligatorio.
El Fondo Financiero de Ciencia e Innovación será uno de los principales instrumentos para respaldar proyectos y formar especialistas. La norma contempla aportes provenientes de una deducción del 10 % del impuesto sobre utilidades de determinadas entidades, cuando corresponda.
También prevé capital semilla, microcréditos, capital de riesgo y fondos no reembolsables. Quienes reciban recursos públicos estarán sujetos a obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y control sobre su utilización.
Otro componente es el Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, organizado en cinco categorías: emérito, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y colaborador. Las convocatorias serán anuales, en enero, y las categorías se otorgarán por cinco años, con condiciones para renovarlas.
La evaluación tendrá en cuenta publicaciones, patentes, formación de profesionales y resultados aplicados. El acceso contempla trabajadores privados, estudiantes, técnicos, jubilados activos y personas sin afiliación institucional formal.
El decreto-ley de la Academia de Ciencias la define como una institución oficial del Estado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, atendida por el Consejo de Ministros.
Por otra parte, el reglamento exige depositar publicaciones y datos científicos en repositorios abiertos, aunque admite excepciones por confidencialidad, privacidad, propiedad industrial y seguridad nacional. También regula la evaluación ética de investigaciones con seres humanos y del uso de inteligencia artificial.
En materia de innovaciones y racionalizaciones, se reconocen remuneraciones por beneficios económicos o resultados técnicos y sociales positivos. Los autores podrán recibir un anticipo de hasta el 10 % del pago estimado dentro de los treinta días naturales desde el inicio de la aplicación.
El resto deberá abonarse dentro de los sesenta días posteriores al primer año. Las entidades aportarán a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores el 4 % del efecto económico favorable.
El paquete contempla reclamaciones administrativas y judiciales, además de reglas transitorias para innovaciones previamente aplicadas. Los organismos y administraciones locales dispondrán de treinta días hábiles después de la entrada en vigor del Decreto 155 para dictar las normas de implementación que resulten necesarias en sus respectivos ámbitos.
