
El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes 9 de noviembre una solicitud para suspender el derecho al voto de los hijos de personas nacionalizadas mediante la llamada Ley de Nietos, una decisión que beneficia a cerca de 190.000 ciudadanos, incluyendo a cubanos.
De acuerdo con una información publicada por la agencia EFE, la resolución permitirá que los afectados mantengan su participación electoral en los comicios generales españoles previstos para el próximo 29 de noviembre.
La decisión responde a una petición presentada por el partido Vox y la organización Iustitia Europa, que pretendían ampliar a los descendientes una suspensión del voto exterior impuesta anteriormente a sus progenitores.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la solicitud al considerar que modificar el censo electoral a estas alturas comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso.
Los magistrados señalaron que la petición llegó cuando ya había transcurrido más de la mitad del calendario electoral, con apenas una semana para el inicio de la campaña.
El tribunal también tuvo en cuenta las dificultades administrativas que implicaría revisar los registros de 189.678 ciudadanos, una cifra superior a la de los progenitores afectados por la suspensión inicial.
La Abogacía del Estado se había pronunciado contra esa ampliación, al advertir que identificar individualmente a los posibles afectados provocaría importantes problemas operativos en los consulados y durante el escrutinio.
La resolución contó con el desacuerdo de uno de los seis magistrados y con un voto concurrente de otra integrante del tribunal, que respaldó la decisión, aunque cuestionó parte de sus argumentos.
¿Qué significa la decisión para los cubanos con nacionalidad española?
Aunque los hijos conservarán su derecho al sufragio, la resolución no modifica las restricciones que afectan a más de 163.000 personas nacionalizadas mediante la Ley de Nietos.
El Supremo también rechazó las solicitudes presentadas para levantar esa suspensión. Según la información publicada, únicamente 901 afectados habían acreditado ante los consulados su condición de descendientes de exiliados, requisito que les permitirá votar.
La controversia tiene especial importancia para los cubanos que obtuvieron o solicitaron la ciudadanía española mediante la Ley de Memoria Democrática. Hasta el primer semestre de 2025, el Consulado General de España en La Habana había recibido más de 107.000 solicitudes de nacionalidad por esta vía.
Asimismo, las estimaciones recogidas por CiberCuba indican que más de 350.000 cubanos iniciaron trámites desde octubre de 2022.
Una distinción fundamental es que las restricciones judiciales afectan al voto desde el extranjero mediante el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La suspensión no implica la pérdida de la nacionalidad española ni la cancelación de los pasaportes expedidos. Tampoco impide votar a los ciudadanos españoles residentes y empadronados en territorio español.
Las elecciones generales del 29 de noviembre fueron convocadas anticipadamente por el presidente Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre, después del rechazo parlamentario de dos decretos relacionados con la vivienda.
Por el momento, el Tribunal Supremo mantiene pendiente una decisión definitiva sobre el fondo del procedimiento relativo a las nacionalizaciones cuestionadas, cuya resolución se producirá después de la jornada electoral.
