El Gobierno cubano modificó las reglas para transferir competencias y recursos a los municipios mediante el Decreto 173/2026, publicado el 7 de noviembre en la Gaceta Oficial. La reforma mantiene bajo control central determinadas actividades estratégicas, pero introduce una novedad importante: elimina el ordenamiento territorial y urbanismo de la relación de materias excluidas de la descentralización.
La disposición, firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 20 de agosto, modifica los artículos 9 y 14 del Decreto 140/2025. Además de actualizar las competencias que podrán descentralizarse, establece responsabilidades para los organismos nacionales encargados de organizar las transferencias.
El cambio se produce en medio de las reformas económicas anunciadas por el régimen cubano para ampliar la capacidad de gestión de los gobiernos locales. Sin embargo, la aplicación efectiva dependerá de decisiones posteriores del Consejo de Ministros y de los recursos que reciban las administraciones municipales.
¿Qué competencias seguirán bajo control del Gobierno central?
El artículo 9 reformado mantiene excluidas de la descentralización once materias expresamente identificadas. La relación comprende la defensa y seguridad nacional, las relaciones exteriores y las políticas monetaria, cambiaria, financiera, tributaria y bancaria.
También quedan fuera la infraestructura pública de alcance e interés nacional, la aviación y marina mercante, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, así como el agua y los recursos naturales no renovables.
Las restricciones abarcan igualmente la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético. Un último apartado permite al Consejo de Ministros incorporar otras actividades a la lista.
Estas exclusiones no constituyen una prohibición nueva. El Decreto 140/2025, publicado en diciembre pasado, ya reservaba esas materias a la administración central. La modificación actual conserva ese esquema, con una excepción relevante.
El ordenamiento territorial y urbanismo, que aparecía entre las actividades excluidas en la norma anterior, desaparece de la nueva lista. En consecuencia, determinados aspectos de esa actividad podrían incorporarse al proceso de transferencia hacia los municipios.
No obstante, la exclusión de la lista de restricciones no supone una cesión automática de facultades. El Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo figura ahora entre los organismos responsables de proponer las políticas de descentralización correspondientes.
Más responsabilidades municipales para la economía y los servicios
El segundo cambio importante afecta al artículo 14, que identifica las áreas de trabajo y los organismos nacionales responsables de preparar las transferencias.
Entre ellas aparecen la planificación estratégica, la soberanía alimentaria, los servicios comunales, la gestión presupuestaria y tributaria local, la atención social, el medioambiente y el desarrollo económico de los territorios.
La norma incorpora expresamente el fortalecimiento del tejido productivo municipal, con participación de diferentes actores económicos, así como capacidades relacionadas con el comercio exterior, la generación y retención de divisas y la gestión de inversiones extranjeras directas.
El Ministerio de Economía y Planificación, los organismos responsables de los actores económicos estatales y no estatales, y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera tendrán funciones en la preparación de esas políticas, según sus respectivas competencias.
Este enfoque guarda relación con el paquete de reformas económicas anunciado por el Gobierno cubano en 2026, que incluyó propuestas para ampliar las operaciones comerciales y la autonomía de los municipios.
La descentralización también se relaciona con el financiamiento de proyectos locales. En octubre, el Banco Central aprobó nuevas reglas para cuentas bancarias y créditos destinados a proyectos de desarrollo local, incluidos mecanismos de financiamiento sujetos a autorización y evaluación bancaria.
Sin embargo, la posibilidad de gestionar proyectos o participar en operaciones económicas no debe confundirse con independencia financiera plena. La política monetaria, cambiaria y bancaria continúa excluida de la descentralización.
¿Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios en los municipios?
El Decreto 173/2026 entró en vigor el mismo 7 de noviembre, pero su publicación no implica que todas las administraciones municipales hayan recibido inmediatamente nuevas facultades.
Los jefes de los organismos nacionales responsables deberán presentar a la Comisión Nacional Temporal de Descentralización cronogramas específicos, con acciones, responsables y mecanismos de control.
También deberán elaborar indicaciones metodológicas y programas de capacitación para los trabajadores y directivos locales. La norma exige considerar un período de 30 días hábiles para la cogestión y el entrenamiento de las estructuras municipales durante cada transferencia.
Además, los organismos competentes disponen de hasta 30 días hábiles, contados desde la publicación del decreto, para adoptar las disposiciones normativas necesarias para implementarlo. Este plazo no equivale a una fecha límite para completar todas las transferencias.
El Consejo de Ministros conserva la facultad de aprobar qué competencias se descentralizan y en qué condiciones, según el marco jurídico establecido por el Decreto 140/2025.
Para los ciudadanos, la principal consecuencia potencial sería una mayor capacidad de las administraciones municipales para gestionar determinados servicios, proyectos económicos y necesidades territoriales sin depender de todos los trámites de aprobación del nivel central.
No obstante, todavía será necesario conocer qué competencias concretas se asignarán a cada territorio, cuáles serán los recursos financieros y materiales transferidos y qué decisiones podrán adoptar directamente sus autoridades.
La reforma modifica así el alcance posible de la autonomía municipal, especialmente en materia urbanística y de gestión económica, aunque sus resultados dependerán de la implementación y de la capacidad real de los gobiernos locales para asumir nuevas responsabilidades.
