Una cubana con I-220A que solicitó la residencia en 2023 deberá presentar nuevamente su petición ante la corte de inmigración, según explicó la abogada Claudia Cañizares al responder su consulta en el programa para el medio Cuba en Miami.
La mujer tiene pendiente una audiencia para defender su asilo y quería saber si podía utilizar el trámite iniciado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La experta aclaró que el comprobante de recepción del formulario I-485 no incorpora automáticamente esa solicitud al expediente judicial. Para determinar dónde corresponde tramitarla, resulta decisiva la clasificación que asignaron las autoridades migratorias al abrir el proceso de deportación.
¿Quién puede decidir la residencia de un cubano con I-220A?
Como norma general, el juez tiene competencia exclusiva para resolver el ajuste de estatus de una persona sometida a un procedimiento de expulsión.
Sin embargo, quienes aparecen clasificados como “arriving alien” suelen mantener su trámite de residencia bajo la autoridad de USCIS. Existen excepciones limitadas a esta distribución de competencias.
La clasificación figura en el aviso de comparecencia, identificado como formulario I-862. Ese documento recoge los señalamientos del Departamento de Seguridad Nacional para iniciar el procedimiento. Su revisión, junto con la constancia de liberación y el recibo del ajuste, ayuda a establecer qué organismo debe examinar la petición.
Tener acceso al juez no equivale a cumplir las condiciones para obtener la residencia. La Ley de Ajuste Cubano exige, entre otros requisitos, haber pasado una inspección y recibido admisión o parole en EEUU. El I-220A acredita una liberación bajo palabra; por sí mismo, no satisface ese requisito migratorio.
Por eso, también deben examinarse los registros de entrada y cualquier autorización de parole posterior. Cañizares señaló que, en determinados expedientes, plantear ante el tribunal los argumentos favorables al ajuste permite incorporarlos al registro para una eventual apelación.
Pagos y audiencias: qué revisar antes de acudir a corte
La nueva presentación puede implicar otro desembolso. La abogada relató experiencias de solicitantes que habían pagado a USCIS y después tuvieron que cubrir la tarifa completa ante el tribunal, porque el sistema no admitía abonar únicamente la diferencia.
Antes de repetir el pago, corresponde comprobar el recibo existente y la tarifa aplicable. Las instrucciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) establecen que las solicitudes sujetas a pago deben incluir el justificante correspondiente. Su ausencia puede provocar el rechazo de la presentación.
Mientras tanto, mantener un I-485 pendiente no cancela la audiencia. Faltar puede terminar en una orden de deportación en ausencia. EOIR permite consultar el expediente por internet o mediante el teléfono 1-800-898-7180, aunque las notificaciones judiciales constituyen la referencia oficial sobre la comparecencia.
Para preparar la defensa, conviene reunir el formulario de residencia, su comprobante de recepción, el I-220A y todos los avisos judiciales. Esa documentación permitirá al abogado evaluar la competencia sobre el ajuste y coordinar los próximos pasos con el caso de asilo.
