
Tres decisiones recientes de tribunales de inmigración y cortes federales de Estados Unidos podrían tener consecuencias importantes para los cubanos que buscan regularizar su situación, mantener sus beneficios migratorios o conservar la residencia permanente.
Los fallos abordan asuntos diferentes, pero tienen un elemento en común: endurecen la interpretación de determinadas disposiciones de la legislación migratoria y pueden reducir las posibilidades de obtener beneficios para quienes no cumplen requisitos específicos o tienen antecedentes que afectan su elegibilidad.
Los precedentes se refieren al reconocimiento del formulario I-220A como vía para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, las consecuencias de viajar fuera de EEUU con un permiso de viaje anticipado (advance parole) y los criterios que deben cumplir los residentes permanentes con antecedentes penales para evitar la deportación.
Aunque no todos los casos afectan directamente a los mismos grupos de inmigrantes, sus implicaciones alcanzan a miles de cubanos que tienen procesos pendientes o que ya consiguieron la residencia permanente.
El I-220A no constituye un parole válido para solicitar la residencia
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de EEUU determinó que el formulario I-220A, por sí solo, no constituye un parole válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, una decisión que representa un revés para miles de inmigrantes de la Isla que esperaban obtener la residencia permanente mediante esta disposición.
El fallo fue emitido en el caso Aguiar-Fernández v. U.S. Attorney General, identificado con el expediente 24-12318. El litigio fue presentado por una familia cubana integrada por Yoan Aguiar-Fernández, su esposa Yenisley González-Sanabria y su hija.
Los tres ingresaron a territorio estadounidense desde México en 2021, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberados bajo el formulario I-220A.
Los magistrados establecieron que esa modalidad de liberación migratoria no equivale al parole humanitario contemplado en la legislación estadounidense.
La diferencia jurídica está en que el I-220A corresponde a una liberación bajo la sección 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, mientras que el parole previsto en la sección 212(d)(5)(A) constituye una autorización de entrada o permanencia temporal que puede satisfacer el requisito exigido por la Ley de Ajuste Cubano.
La decisión convierte esta interpretación en un precedente vinculante para los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama en los asuntos jurídicos resueltos.
Para los cubanos que ingresaron por la frontera y recibieron un I-220A, el fallo representa un obstáculo adicional para conseguir la residencia mediante la ley que permite a determinados ciudadanos cubanos ajustar su estatus después de cumplir los requisitos establecidos.
Viajar con advance parole podría activar el castigo migratorio de diez años
Un segundo precedente, emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) el 13 de agosto de 2026, modificó la interpretación sobre las consecuencias de salir temporalmente de EEUU con un permiso de viaje anticipado.
La decisión, conocida como Matter of Delcarmen-Lara, 29 I&N Dec. 830 (BIA 2026) anuló un criterio que durante años había ofrecido protección a determinados inmigrantes con presencia ilegal en el país.
Hasta entonces, la BIA mantenía, desde el caso Matter of Arrabally and Yerrabelly de 2012, que viajar con un documento advance parole no constituía una salida que activara automáticamente la prohibición de admisión de diez años por presencia ilegal.
Sin embargo, la nueva resolución determinó que salir de EEUU con ese permiso sí constituye una salida a efectos de la sección 212(a)(9)(B)(i)(II) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La legislación contempla dos castigos principales relacionados con la presencia ilegal:
- Tres años: Puede aplicarse a quienes acumularon más de 180 días, pero menos de un año de presencia ilegal, y posteriormente salieron del país bajo las condiciones previstas en la ley.
- Diez años: puede aplicarse a quienes acumularon un año o más de presencia ilegal y después abandonaron EEUU.
La decisión resulta especialmente importante para los cubanos que tienen solicitudes de residencia pendientes mediante el formulario I-485 y consideran viajar a Cuba o a un tercer país.
Por regla general, estos solicitantes necesitan autorización de viaje antes de salir. Abandonar el territorio estadounidense sin el permiso correspondiente puede provocar que USCIS considere abandonada la solicitud de residencia.
Pero incluso quienes obtienen el documento deben evaluar sus antecedentes migratorios. Si acumularon un año o más de presencia ilegal, el viaje podría exponerlos a una prohibición de admisión de diez años.
La determinación depende de las circunstancias individuales, las fechas de entrada, los períodos de estancia autorizada y las excepciones legales aplicables. Por eso, tener un permiso de viaje aprobado no significa que el regreso esté garantizado.
Los antecedentes penales y la falta de pruebas de rehabilitación pueden facilitar la deportación
El tercer precedente corresponde al caso Matter of Mata Rodríguez, 30 I&N Dec. 191 (BIA 2026), publicado el 15 de septiembre de 2026 y designado como precedente mediante una orden del fiscal general del 27 de octubre.
La resolución podría dificultar que residentes permanentes con antecedentes penales, incluidos cubanos, consigan la cancelación de su deportación y conserven su estatus migratorio.
El caso involucró al mexicano Erick Fernando Mata Rodríguez, quien había recibido el beneficio de cancelación de deportación de un juez de inmigración el 11 de agosto de 2025. La decisión favorable tomó en cuenta su prolongada residencia en EEUU, sus vínculos familiares y su llegada al país durante la infancia.
También se valoraron aspectos positivos de su vida, como su trabajo con jóvenes en un gimnasio de boxeo y su participación en una iglesia.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional apeló al considerar que esas circunstancias no compensaban su historial penal. La BIA coincidió y revocó el beneficio, ordenando su deportación.
Entre los antecedentes examinados figuraban casos relacionados con robo mediante entrada ilegal a un inmueble, posesión de sustancias controladas, agresión contra su madre y acoso contra su hermana.
También se consideraron incumplimientos de condiciones de libertad condicional y multas judiciales pendientes. Algunas detenciones no terminaron en condenas, una distinción que el análisis migratorio debe tener en cuenta.
Uno de los elementos determinantes fue la falta de pruebas objetivas de rehabilitación. Aunque Mata Rodríguez había manifestado su intención de mejorar su comportamiento, el expediente no contenía suficiente documentación que respaldara ese cambio.
La BIA mencionó la ausencia de declaraciones de impuestos federales, pruebas de empleo estable y cartas de personas que acreditaran su buen carácter moral.
El precedente es relevante para los cubanos que ya tienen residencia permanente, porque ese estatus no los protege de todos los procedimientos de deportación.
La cancelación de deportación para determinados residentes permanentes está regulada por la sección 240A(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entre sus requisitos figuran haber sido residente permanente durante al menos cinco años, acumular siete años de residencia continua después de una admisión legal y no haber sido condenado por un delito clasificado como agravado.
Además, cumplir los requisitos de elegibilidad no garantiza obtener el beneficio. El solicitante debe demostrar que merece una decisión favorable mediante una evaluación discrecional de su caso.
