
La reciente decisión del Undécimo Circuito de Apelaciones sobre el formulario I-220A no significa que todos los cubanos que recibieron ese documento hayan perdido la posibilidad de obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, aclaró la abogada de inmigración Anabel Fernández, de la firma Ponton & Fernandez, con sede en Tampa, Florida.
La jurista considera que el fallo debe analizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada expediente, especialmente los documentos que acreditan las condiciones en las que las autoridades migratorias estadounidenses liberaron a cada persona después de su detención en la frontera.
La decisión, publicada este martes, corresponde al caso Aguiar-Fernández v. U.S. Attorney General (No. 24-12318). El tribunal determinó que una liberación bajo la sección 236 de la Ley de Inmigración no constituye, por sí misma, el parole humanitario necesario para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Fernández calificó el pronunciamiento como una decisión importante y desfavorable para numerosos cubanos con I-220A en Florida, aunque insistió en que no debe interpretarse como un cierre generalizado de todas las posibilidades legales para quienes poseen ese documento.
Los documentos individuales, el punto central del fallo
El litigio se originó en el caso de una familia cubana que cruzó la frontera estadounidense cerca de San Luis, Arizona, en junio de 2021. Sus integrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza y posteriormente fueron liberados mediante formularios I-220A que citaban la sección 236.
Después de solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, un juez de inmigración determinó que la familia no cumplía los requisitos. La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa conclusión y los afectados llevaron el caso ante el Undécimo Circuito, que finalmente rechazó su apelación.
En su decisión, el tribunal explicó que las personas que no fueron inspeccionadas y admitidas al ingresar a EEUU necesitan haber recibido un parole humanitario conforme a la sección 212(d)(5)(A) para cumplir ese requisito de la Ley de Ajuste Cubano.
En el expediente analizado, los documentos de liberación citaban la sección 236, la familia no había recibido un formulario I-94 y las autoridades migratorias habían denegado su solicitud de parole humanitario.
Para Fernández, este aspecto resulta determinante al evaluar las consecuencias de la decisión. La abogada subrayó que no basta con identificar a una persona como titular de un I-220A, sino que es necesario revisar qué documentos recibió y bajo qué fundamento legal fue liberada.
Por esa razón, recomendó a los cubanos que tienen procesos migratorios pendientes evitar decisiones precipitadas basadas en rumores o interpretaciones generales del fallo.
“Recomendamos no dejarse llevar por el miedo ni por rumores, reunir todos los documentos de entrada y liberación, y consultar con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión sobre un caso pendiente”, señaló.
La decisión constituye un precedente obligatorio para los tribunales de inmigración y los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama, jurisdicciones comprendidas en el undécimo circuito. No obstante, el pronunciamiento todavía podría ser objeto de una nueva revisión por el propio tribunal o por la Corte Suprema de EEUU.
Ponton & Fernandez es una firma de abogados de inmigración con oficina en Tampa, Florida. El contacto se puede realizar a través del correo electrónico afernandez@ponton-law.com