Acusadas de falsificar documentos para emigrantes internos en La Habana cumplirían entre 15 y ochos años de privación de libertad

La “Red del Cerro”, así se le llama a un grupo que falsificaba documentos para emigrantes internos en La Habana, enfrentan una pena de 15 y ocho años de cárcel, por los delitos de “falsificación de documentos públicos” y “cohecho”.

Según Diario de Cuba, Niuvis Marily García técnico de Ordenamiento Territorial e implicada en la red, confirmó las sospechas luego de su suicidio en noviembre de 2016.

Le habían informado con anterioridad una revisión del papeleo legal que manejaba, fundamentalmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna en la Isla.

Sonia Milagro Barban, la abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, luego de la muerte de Niuvis Marily, fue arrestada por agentes de la Policía y separada de su cargo.

Iluminada Machado, la amiga de Barban, ex empleada del Consejo de Administración Provincial de la capital conforme al informe final elaborado por la Fiscalía General de la República, tiempo después terminó siendo acusada de liderar una red de falsificación de documentos, “tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes” en 2013.

Machado y Barban ese año se unieron “con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba”, muestra el documento.

Asimismo, podrían enfrentar condenas de hasta tres años de privación de libertad, por sacar provecho económico de falsificación de documentos, unas cinco acusadas más entre oficinistas y ciudadanos.

A los acusados, los han inhabilitado desde este martes de ejercer profesionalmente como empleados administrativos en lo adelante, según el Tribunal Provincial Popular de La Habana, ante el que tuvieron que comparecer.

La red estuvo funcionando entre 2013 y 2016, falsificaban expedientes migratorios de personas de provincias hacia La Habana, según actas oficiales y Datos de la Fiscalía que arrojaron como epicentro la oficina de Vivienda del municipio Cerro.

Esta oficina realizó cambios de dirección de Guantánamo, Granma, Camagüey, Artemisa e Isla de la Juventud a municipios como Guanabacoa y La Habana Vieja.

Un juicio oral se realizará el próximo miércoles en la Sala Segunda de lo Penal, donde asistirán más de 20 presuntos implicados, entre proveedores, y solicitantes.

Se falsificaban documentos en impresoras domésticas a cambio de dinero, “sin los relieves o tintas específicas que necesitaban los cuños u otras marcas, indica el expediente del caso”.

Según el peritaje criminalístico, la red llegó a tramitar, como mínimo una veintena de cambios de dirección falsos.

Los solicitantes de provincia, en su mayoría jóvenes, pagaban entre 40 y 150 dólares para residir permanentemente en La Habana, o cambiaban su dirección para conseguir un empleo estatal.

Una joven egresada de una carrera de humanidades bajo condición de anonimato platicó: “pagué lo que pedían por qué cuando me gradué de la universidad quería quedarme acá, donde hay mejores oportunidades de trabajo dentro de la especialidad que estudié y hasta un buen lugar me había pedido para cumplir los dos años de Servicio Social. Volver a mi provincia hubiera significado estancarme profesionalmente”.

La misma agregó, “Estaba entre la espada y la pared. Si existieran iguales posibilidades laborales en otros sitios del país, las cosas serían distintas, pero esta centralización de la vida financiera, cultural y económica en la capital es propia del subdesarrollo nacional”.

Con información de Cuba en Miami