El gobierno de Estados Unidos descubrió cientos de casos de funcionarios extranjeros que ingresaron al país con visas diplomáticas u oficiales y posteriormente solicitaron asilo alegando persecución de los mismos gobiernos a los que habían representado, una práctica que ha llevado a Washington a endurecer los controles sobre este tipo de visados.
Aunque el Departamento de Estado no reveló cuáles son los países implicados, los datos divulgados este jueves por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, abren inevitablemente una interrogante para Cuba, donde durante los últimos años se han conocido numerosos casos de funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas al aparato estatal que terminaron buscando protección migratoria en Estados Unidos.
Landau explicó en X que el Departamento de Estado realizó una revisión de las personas que entraron a EEUU entre 2019 y 2023 utilizando visas diplomáticas u oficiales de las categorías A y G y posteriormente presentaron el formulario I-589 para solicitar asilo.
Los resultados fueron llamativos. Según el funcionario estadounidense, ciudadanos de un solo país acumularon 420 solicitudes de asilo después de entrar con esos visados, mientras que otros dos países registraron más de 200 casos cada uno.
Cuando Washington analizó el fenómeno proporcionalmente, encontró una situación todavía más extraordinaria: en uno de los países, el 17,25% de todas las personas que habían entrado a EEUU con visas diplomáticas u oficiales terminó solicitando asilo. Otros dos países superaron el 10%.
While we’re on the topic of asylum abuse, let me share another gem with you. The @StateDept recently completed a comprehensive review of DIPLOMATIC and OFFICIAL visas issued to representatives of foreign governments to enter the US over the 5-year period from 2019 through 2023.… pic.twitter.com/DZFCfGYezK
— Christopher Landau (@DeputySecState) August 27, 2026
Landau no identificó a ninguno. “Los nombres han sido omitidos porque estamos tratando este asunto a través de canales diplomáticos”, explicó al divulgar los resultados.
Por ahora, por tanto, no existe evidencia pública que permita afirmar que Cuba sea uno de esos diez países. Sin embargo, existen antecedentes recientes que hacen razonable preguntarse si la Isla podría figurar en la revisión estadounidense.
Funcionarios cubanos que terminaron buscando asilo en EEUU
Uno de los casos de mayor rango ocurrió en septiembre de 2024, cuando Juan Carlos Santana Novoa, entonces viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), abandonó una delegación oficial cubana durante un viaje a México y posteriormente se presentó ante las autoridades estadounidenses en Nogales, Arizona.
Santana se encontraba en México participando en la Cumbre Técnica de Comisiones Americanas de Seguridad Social cuando se separó de la delegación y terminó solicitando protección en EEUU.
Periódico Cubano informó entonces que el viceministro cubano había solicitado asilo en la frontera estadounidense y posteriormente documentó las críticas de congresistas cubanoamericanos por la entrada del funcionario.
El caso de Santana, sin embargo, no permite incluirlo directamente entre los casos descritos ahora por Landau, pues su entrada a Estados Unidos se produjo desde México y no existe evidencia pública de que lo hiciera utilizando una visa diplomática A o G.
Otro ejemplo fue Orlando Ernesto Pérez Núñez, antiguo presidente del Movimiento Juvenil Martiano y sustituto de Yusuam Palacios al frente de esa organización oficialista.
Pérez Núñez ingresó por El Paso, Texas, en noviembre de 2024 y solicitó asilo mediante el entonces vigente sistema de CBP One. Al informar sobre el caso, Periódico Cubano señaló que al menos 115 antiguos funcionarios cubanos habían intentado ingresar a EEUU durante el período anterior, citando datos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Tampoco en este caso se trató de una entrada con visa diplomática. Más cercana al aparato diplomático aparece la historia de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, antiguo integrante del cuerpo diplomático cubano y una persona vinculada durante años a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto y guardaespaldas de Raúl Castro.
Rodríguez Cabrera había trabajado en actividades relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el correo diplomático cubano. Posteriormente llegó a EEUU por la frontera y quedó inmerso en un proceso de asilo. Su historia fue documentada por Periódico Cubano al revelar sus vínculos con la familia Castro y su posterior solicitud de protección en Estados Unidos.
En octubre de 2025 también trascendió el caso de Ivette García González, antigua primera secretaria de la Embajada de Cuba en Portugal y exfuncionaria vinculada durante años a estructuras estatales cubanas, quien se encontraba en Texas solicitando asilo político.
Su presencia en Estados Unidos y la petición de asilo fueron denunciadas públicamente en 2025. Nuevamente, las informaciones disponibles no permiten establecer que García González haya utilizado una visa A o G para su actual entrada a EEUU.
La élite cubana sí ha utilizado visas y pasaportes diplomáticos para entrar a EEUU
Lo que sí está ampliamente documentado es que funcionarios y familiares de la cúpula cubana han utilizado documentación diplomática para viajar a territorio estadounidense.
En 2025 salieron a la luz documentos según los cuales Vilma Rodríguez Castro, nieta de Raúl Castro, realizó al menos cinco viajes a Estados Unidos entre 2012 y 2016 utilizando un pasaporte diplomático cubano. Los documentos mostraban viajes de Vilma Rodríguez Castro a Nueva York autorizados por el Minrex.
Su hermano Raúl Guillermo Rodríguez Castro también viajó en varias oportunidades a Estados Unidos bajo visas diplomáticas. Ninguno de ellos solicitó asilo, según la información disponible, pero los antecedentes muestran el acceso que integrantes del aparato político cubano han tenido históricamente a estas categorías especiales de viaje.
El propio Departamento de Estado explica que las visas A-1 y A-2 están destinadas a diplomáticos y funcionarios que viajan a Estados Unidos para desarrollar exclusivamente actividades oficiales en representación de sus gobiernos.
Las visas G, por su parte, son utilizadas por representantes y empleados de gobiernos y organizaciones internacionales, entre ellos quienes viajan para desarrollar funciones ante Naciones Unidas.
En el caso cubano, el Departamento de Estado reconoce además oficialmente la existencia de pasaportes ordinarios, oficiales, de servicio y diplomáticos. A diferencia del pasaporte corriente, los documentos oficiales y diplomáticos son solicitados por instituciones estatales cubanas, no directamente por el ciudadano.
Washington promete consecuencias
Tras descubrir el elevado número de solicitudes de asilo, la administración de Donald Trump ordenó aumentar el escrutinio sobre futuras peticiones de visas diplomáticas y oficiales, especialmente procedentes de los países que aparecen en los primeros lugares de la revisión.
El mensaje de Landau resulta especialmente significativo porque llega en medio de una política migratoria cada vez más centrada en detectar posibles fraudes o contradicciones entre la razón utilizada para obtener una visa y las acciones posteriores del extranjero dentro de Estados Unidos.
La lógica planteada por Washington es sencilla: si una persona fue seleccionada por su gobierno para representarlo oficialmente en Estados Unidos, pero poco después sostiene que necesita protección precisamente frente a ese mismo gobierno, las autoridades quieren determinar si la solicitud de asilo es legítima o si la visa oficial fue utilizada desde el principio como una vía de entrada.
En Cuba, donde han salido a la luz sucesivamente casos de funcionarios y personas vinculadas al poder que abandonaron la Isla para establecerse en Estados Unidos, la revelación inevitablemente alimentará las preguntas.
¿Está Cuba entre los países que Washington mantiene en secreto? Por ahora, el Departamento de Estado no lo ha confirmado.
Pero si en algún momento decide publicar la lista, los datos permitirán saber por primera vez cuántos representantes del Estado cubano entraron oficialmente a Estados Unidos durante esos cinco años para servir al gobierno de La Habana y terminaron pidiendo protección frente a él.
