Un informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), titulado ‘Lo que cuentan los números’, detalla que entre marzo de 2024 y marzo de 2025, al menos 60 personas privadas de su libertad murieron bajo custodia en las cárceles de la Isla.
De estas muertes, 47 fueron atribuibles a problemas de salud física o mental y a la falta de atención médica oportuna, mientras que 7 se vinculan con violencia física directa. A pesar de los hechos, el informe señala la ausencia de investigaciones o sanciones por estos casos.
El CDPC registró 1.858 eventos relacionados con el encarcelamiento en Cuba durante este periodo. De estos, 1.330 fueron catalogados como violaciones a los derechos humanos.
La organización, que se dedica a la investigación sobre condiciones carcelarias en el país caribeño, considera que estos datos evidencian un patrón persistente de violencia institucional y un grave deterioro de las condiciones en las cárceles cubanas.
La directora del CDPC, Camila Rodríguez, subrayó que el informe verifica cada violación conforme a las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y otros estándares internacionales de derechos humanos.
Según Rodríguez, la magnitud y sistematicidad de los abusos confirman una desconexión entre los compromisos internacionales del Estado cubano y la realidad en sus cárceles.
El informe detalla 44 tipos de violaciones documentadas, siendo las más frecuentes el hostigamiento y la represión (1.045 casos), la negación de atención médica (402), condiciones de vida inadecuadas (297) y deficiencias alimentarias (224).
Además, se documentan prácticas de tortura como la “cama turca”, “la bicicleta” y el uso de “shakiras” (grilletes que inmovilizan completamente a las personas). El CDPC también denuncia que las condiciones materiales en las prisiones son infrahumanas, destacando la desnutrición, el agua contaminada, el hacinamiento y la falta de atención médica.
El informe aborda la discriminación estructural dentro del sistema penitenciario cubano, señalando que de las 545 personas identificadas como víctimas directas, 329 fueron encarceladas por motivos políticos.
Entre las víctimas individuales destacan 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 personas con enfermedades crónicas, 37 con problemas de salud mental y 9 con discapacidades.
Estos grupos enfrentan niveles agravados de violencia y exclusión dentro de las prisiones. El CDPC concluye que la situación requiere una respuesta internacional firme, pidiendo una vigilancia constante y la ratificación por parte de Cuba del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).
En su llamado final, el CDPC subraya que el sistema penitenciario cubano es un espacio de represión política y degradación humana. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que continúa sin respuesta adecuada.
Prisoners Defenders detectó dos menores entre los nuevos presos políticos en Cuba
Al menos dos menores de edad forman parte de los 13 nuevos presos políticos documentados en Cuba durante septiembre, según el informe más reciente de la organización Prisoners Defenders. Con estas nuevas detenciones, el total de personas encarceladas por oponerse al régimen comunista o protestar por la deficiencia en los servicios básicos asciende a 1.185 en el país.
El informe de septiembre destaca que el régimen cubano continúa utilizando diversos métodos de represión como una herramienta para mantener el control social.
Javier Larrondo, presidente de la organización, explicó a Martí Noticias que los 13 nuevos detenidos son ciudadanos sin antecedentes de actividad política, lo que resalta la arbitrariedad de las detenciones. Entre los arrestados, se encuentran dos menores, de 16 y 17 años, que fueron capturados durante protestas pacíficas.
