La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, afirmó que aceptó firmar el convenio 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de recibir presiones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y del fiscal general del estado.
La funcionaria cubanoamericana hizo estas declaraciones durante una entrevista con Telemundo 51, donde explicó las circunstancias que llevaron a la ciudad a aprobar el acuerdo migratorio.
Fraga explicó que, según su interpretación, una legislación estatal aprobada en 2025 establecía la obligación de que los municipios adoptaran este tipo de convenios con las autoridades federales. La alcaldesa señaló que los funcionarios locales fueron advertidos sobre posibles consecuencias si no cumplían, incluyendo la destitución de cargos electos y la pérdida de credenciales para los departamentos policiales.
Cuando la periodista Gloria Ordaz le preguntó si había actuado bajo una amenaza directa del gobernador, Fraga respondió afirmativamente.
Doral asegura que su policía no participa en operativos migratorios
Aunque el Concejo Municipal aprobó el acuerdo en enero de 2026 bajo el modelo Task Force, la alcaldesa insistió en que el Departamento de Policía de Doral no ha colaborado con agentes federales en redadas migratorias.
“Nuestra Policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada”, declaró Fraga. También afirmó que ningún oficial de la ciudad ha recibido entrenamiento relacionado con el convenio y que las autoridades locales no entregan información de sus residentes a las agencias federales.
La funcionaria pidió tranquilidad a los habitantes de Doral y aseguró: “No deben tener ningún miedo de nuestro Departamento de Policía”.
Fraga agregó que ICE no informa previamente a la ciudad sobre los operativos que realiza en su territorio. Además, dijo que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional detalles sobre las detenciones efectuadas en la localidad.
La alcaldesa cubanoamericana también indicó que trasladó sus inquietudes a la Casa Blanca y que habló con el presidente Donald Trump sobre familias venezolanas que han establecido sus vidas en Estados Unidos y tienen hijos nacidos en el país.
Alcaldesa analiza futuro del convenio mientras aumentan las críticas
Ante las preguntas sobre si se arrepiente de haber firmado el acuerdo o si planea cancelarlo, Fraga evitó confirmar una decisión. Explicó que envió una carta al fiscal general de Florida para solicitar una interpretación oficial y esperará esa respuesta antes de determinar sus próximos pasos.
La alcaldesa cuestionó además por qué otras ciudades que rechazaron firmar convenios similares no enfrentaron las sanciones que fueron anunciadas previamente.
El acuerdo ha generado críticas de activistas y líderes comunitarios. Durante un evento público, el exrepresentante federal Joe García y el alcalde de South Miami, Javier Fernández, reclamaron el fin del convenio. García afirmó: “Podrían haber elegido tener compasión y eligieron ser crueles”.
Las consecuencias también han sido reportadas por negocios y familias de Doral. El restaurante Pipo Burgers informó una reducción del 70% en sus ventas, mientras una academia de karate perdió cerca de la mitad de sus estudiantes en tres semanas. Algunas familias decidieron mantener a sus hijos en clases virtuales.
Los arrestos realizados por ICE en la ciudad pasaron de tres en diciembre de 2025 a 17 en julio de 2026.
Doral cuenta con una importante comunidad venezolana. Cerca de 27.000 residentes de origen venezolano viven en la ciudad, que tiene una población total aproximada de 76.490 habitantes. Esta concentración la convierte en uno de los principales centros de la comunidad venezolana fuera de Venezuela.
