El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva reconoció este viernes que Cuba está recibiendo combustible mediante contenedores, una alternativa que calificó de “insostenible para una economía”, en medio de la escasez energética que paraliza servicios, limita el transporte y agrava los apagones en la Isla.
Pérez-Oliva reveló ese método de entrada de combustible a la Isla en una entrevista con CNN, revisada por Periódico Cubano. El funcionario evitó precisar quiénes gestionan esas operaciones, qué cantidades ingresan al territorio nacional y si el mecanismo es utilizado por empresas estatales, negocios privados o ambos sectores.
Pérez-Oliva tampoco aclaró si el gobierno está utilizando parte del combustible importado por actores privados para garantizar el funcionamiento de entidades estatales.
La falta de información alimenta dudas sobre la distribución de los limitados recursos energéticos, especialmente después de los amplios despliegues policiales observados durante las recientes protestas por los apagones.
Mientras gran parte de la población enfrenta dificultades para acceder al transporte y cocinar sus alimentos, las autoridades han movilizado vehículos y efectivos de los órganos de seguridad. Esa situación ha provocado cuestionamientos sobre las prioridades del régimen y la disponibilidad de combustible para sostener su aparato represivo.
El también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera responsabilizó directamente a Washington por el desabastecimiento. Según afirmó, empresas interesadas en suministrar hidrocarburos a Cuba enfrentan amenazas, presiones y obstáculos para concretar las operaciones en las condiciones requeridas.
“Por un lado se dice que no hay bloqueo energético y que toda esta situación es consecuencia de la incompetencia de nuestro gobierno, pero por el otro se amenaza, se presiona u obstaculiza a los posibles proveedores”, sostuvo Pérez-Oliva.
El funcionario defendió además las medidas económicas anunciadas recientemente por La Habana, pese a las reservas expresadas por EEUU sobre su alcance y aplicación. Aseguró que algunas transformaciones “serían impensables hace algunos años”, en una admisión del giro hacia mecanismos de mercado tras décadas de centralización económica.
Entre las medidas, respaldó el fin de los subsidios universales. Pérez-Oliva argumentó que ese modelo resulta injusto y que el propósito oficial es subsidiar directamente a las personas consideradas vulnerables.
La reforma ha generado preocupación ante la posibilidad de que numerosas familias queden fuera de los programas de asistencia en un contexto de bajos salarios e inflación.
El viceprimer ministro negó que los cambios respondan a las presiones de la Administración Trump. Afirmó que obedecen exclusivamente a decisiones de las autoridades cubanas y cuentan con respaldo constitucional y legal.
Pérez-Oliva, sobrino nieto de Fidel Castro, aseguró que el paquete busca generar un nuevo dinamismo económico y crear condiciones favorables para los inversionistas extranjeros. Prometió seguridad jurídica, transparencia y trámites simplificados para atraer capital.
Miami-Dade toma medidas por un intento de envío de combustible a Cuba
El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, revocó el Recibo de Impuesto Comercial Local de Vanguard Energy, empresa con sede en Coral Gables que anunció planes para enviar gasolina y diésel a Cuba mediante buques cisterna.
La decisión se produjo después de conocerse que la operación contemplaba el uso de instalaciones de almacenamiento pertenecientes a la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). Vanguard Energy habría firmado un contrato con una agencia importadora cubana para arrendar esos depósitos y distribuir el combustible dentro de la Isla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró posteriormente que la empresa no había recibido una licencia federal para realizar la transacción. Fernández afirmó que la revocación se adoptó conforme a las leyes estatales y locales que regulan el funcionamiento de las compañías en Miami-Dade.
El funcionario subrayó que ninguna empresa del condado puede operar al margen de las sanciones federales, la legislación estatal o los requisitos locales. También sostuvo que Miami-Dade no será utilizado como base para actividades que beneficien al régimen cubano.
