El sistema de propaganda comunista amenazó, en la noche del pasado miércoles durante la emisión del programa Hacemos Cuba, a todos los cubanos que publiquen contenido en redes sociales que atente contra la “moral de la Revolución”.
En el espacio, conducido por el vocero del régimen Humberto López, y con la participación de funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y la Fiscalía General, se argumentó la necesidad de “controlar el orden social” en Internet, pues es considerado un delito de desobediencia.
El comunicador, que también es miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC), expuso que el Estado tiene todos los instrumentos para imponer multas, dictar privación de libertad con años de cárcel y hasta decomisar los celulares a quienes hagan “publicaciones indebidas en redes sociales”.
La emisión puso en el centro la aplicación de normativas vigentes, como el Decreto 35 y el Decreto-Ley 370, que contemplan sanciones para quienes difundan información considerada “contraria al interés social” o “lesiva a la dignidad humana”. Los ponentes hicieron énfasis en limitar críticas ofensivas contra organizaciones estatales y dirigentes políticos.
Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) explicaron que sus inspectores pueden imponer multas que oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos cubano (CUP), aunque reconocieron que los montos podrían aumentar para mantener su efecto disuasorio. Advirtieron también sobre el decomiso de dispositivos, incluidos teléfonos, si se emplean para “actos ilegales” en redes.
El programa describió la creciente severidad del Código Penal 2019 ante la supuesta presencia de instigaciones al desorden en plataformas digitales. Se citaron artículos que agravan penas por “desobediencia”, “desorden público” y “difamación”, cuando los infractores usan internet para organizar protestas o difundir mensajes considerados “subversivos”.
En ese sentido, las autoridades destacaron que la difusión de contenido crítico contra entes estatales podría incluir sentencias de dos a cinco años de privación de libertad. Esto se aplicaría a publicaciones consideradas injuriosas hacia líderes como Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y otras figuras vinculadas al PCC.
Humberto López recordó que, bajo la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Comunicación Social, se prohíbe divulgar información sensible sin consentimiento. Añadieron que tales disposiciones buscan “mantener el respeto” en las redes, aunque críticos alegan que se trata de un mecanismo más amplio de censura y control político.
La imposición de multas y la amenaza de cárcel o decomisos por expresarse en redes sociales constituye una táctica del gobierno cubano para infundir temor y desactivar cualquier disidencia.
Al establecer normas ambiguas y sanciones desproporcionadas, las autoridades generan incertidumbre y miedo, desincentivando así la participación ciudadana en debates políticos. Este método de control refuerza la impresión de vigilancia constante, reduciendo la libertad de los cubanos de opinar e intercambiar ideas.
Con el pretexto de proteger la seguridad nacional o la dignidad, se coarta la crítica pública, se silencian voces incómodas y se perpetúa un ambiente de sumisión. De ese modo, el gobierno controla el flujo informativo y preserva su poder sin permitir una discusión abierta, efectiva, real y transparente.
