Una cubana identificada como Mirtha Pérez Díaz acogió en su vivienda a una anciana que llevaba meses deambulando sin que nadie reclamara su paradero.
La mujer permanece desde hace 15 días en el hogar de Mirtha, quien asegura haber solicitado ayuda a las autoridades locales sin obtener respuesta.
El caso fue divulgado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta Cuba para atender a una población cada vez más envejecida y vulnerable.
Según explicó el OCDH en su cuenta de Instagram, no se precisó el municipio donde ocurrió el hecho. La organización difundió además una fotografía del rostro de la anciana con el propósito de facilitar su identificación y localizar a sus familiares.
Mirtha relató que la mujer lleva cerca de un año viviendo en las calles. Aunque decidió ofrecerle refugio por razones humanitarias, reconoce que no dispone de recursos económicos ni de condiciones físicas para asumir esa responsabilidad.
“Me he presentado para que acudan a recogerla y no viene nadie. Lo he puesto hasta en Facebook y no aparece la familia. He buscado al delegado de la circunscripción, pero no da respuesta ni el jefe del gobierno. Yo estoy enferma. Estoy casi inválida desde que me dio el chikungunya. No puedo hacerme cargo de ella”, afirmó.
La situación se agrava por las dificultades económicas que atraviesa su familia. “No hay nada. No tenemos recursos. Hace dos meses que la chequera no me la pagan.
Mi marido trabaja en Educación y hace dos meses que no recibe su dinero tampoco. ¡Imagínense!”, agregó.
La anciana asegura tener hijos en La Habana, aunque no recuerda direcciones ni dispone de información que permita localizarlos.
Por ese motivo, el OCDH pidió la colaboración ciudadana: “Si alguien la reconoce o sabe cómo contactar a sus familiares, puede comunicarse con el OCDH por mensaje privado”.
El envejecimiento de la población agrava la crisis de atención a los adultos mayores
El caso de Mirtha Pérez Díaz refleja un problema que distintas organizaciones vienen documentando desde hace varios años. Cuba figura entre los países más envejecidos de América Latina, con el 25,7 % de la población por encima de los 60 años, equivalente a unos 2,5 millones de personas.
A pesar de esa realidad demográfica, la infraestructura destinada al cuidado de adultos mayores continúa siendo limitada. El país dispone de 156 hogares de ancianos con 12.697 camas, mientras 51 municipios carecen de este servicio, lo que obliga a muchas familias o vecinos a asumir funciones que corresponden al sistema de asistencia social.
Aunque el Gobierno incrementó en septiembre pasado las pensiones más bajas hasta 4.000 pesos cubanos, ese monto representa menos de 10 dólares mensuales en el mercado informal, una cifra insuficiente para cubrir alimentos, medicamentos y otros gastos básicos.
La propia administración reconoció las limitaciones existentes. En marzo de 2026, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió que “no hay recursos para atender a personas vulnerables”.
Un año antes, la ministra del sector reconoció que varias provincias registraban una ejecución presupuestaria del 0 % en programas de asistencia social.
Por su parte, el OCDH sostiene que el 79 % de los mayores de 70 años no logra realizar tres comidas diarias, mientras el 99 % de los jubilados considera insuficiente su pensión para cubrir necesidades esenciales.
El episodio protagonizado por Mirtha no constituye un hecho aislado. En abril de 2026, vecinos del municipio habanero de Playa auxiliaron a otra anciana que caminaba desorientada, mientras que en mayo residentes rescataron a una mujer de edad avanzada que se encontraba en estado crítico tras permanecer desatendida.
En febrero de 2026, el régimen autorizó la apertura de residencias para ancianos gestionadas por empresas privadas y cooperativas.
La medida fue interpretada por diversos analistas como un reconocimiento de las limitaciones del sistema estatal, aunque situaciones como la que enfrenta Mirtha Pérez Díaz muestran que muchas personas mayores continúan dependiendo de la solidaridad ciudadana mientras esperan una respuesta institucional.
