La esperada audiencia federal que podría influir en el futuro migratorio de cientos de cubanos con formulario I-220A fue reprogramada para el próximo 2 de septiembre en Miami. La vista, que estaba prevista para el 26 de agosto en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, fue aplazada por la jueza Jacqueline Becerra debido a ajustes en la agenda judicial.
El proceso está relacionado con la demanda Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentada por 992 cubanos que recibieron un I-220A tras ingresar a Estados Unidos por la frontera entre México y ese país. Los demandantes buscan que ese documento sea reconocido como parole para poder acceder a beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El abogado Mark Prada, representante principal de los demandantes, indicó que la modificación de fecha no representa un problema y atribuyó el cambio a cuestiones administrativas del tribunal. La abogada Claudia Cañizares también confirmó el aplazamiento y explicó que este tipo de movimientos ocurre cuando otros casos judiciales requieren más tiempo del previsto.
La corte analizará mociones del gobierno y de los demandantes
Durante la nueva audiencia, la jueza Becerra escuchará argumentos sobre varios recursos pendientes dentro de tres procesos relacionados con los I-220A.
El gobierno federal pidió al tribunal que rechace las demandas y sostiene que la corte no tiene autoridad para imponer las soluciones legales solicitadas por los cubanos. Los abogados de los demandantes intentan evitar el cierre del caso y buscan que Bello-Rubio sea declarado una demanda colectiva, conocida como “class action”.
Si esa solicitud prospera, una eventual decisión favorable podría beneficiar a otros cubanos que recibieron el mismo documento migratorio y enfrentan una situación similar.
Sin embargo, la audiencia no implica que ese día los afectados recibirán automáticamente un parole ni que podrán solicitar la residencia permanente de inmediato. La jueza podría emitir un fallo, dejar pendiente su decisión o permitir que el proceso continúe.
Una audiencia federal que podría definir el rumbo de varias reclamaciones de cubanos liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A fue aplazada hasta el 2 de septiembre en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La vista, prevista inicialmente para el 26 de agosto ante la… pic.twitter.com/N0EQzZqOU9
— El Toque (@eltoquecom) August 24, 2026
El conflicto legal mantiene a miles de cubanos en incertidumbre migratoria
El formulario I-220A funciona como una orden de libertad bajo palabra que permite a una persona permanecer fuera de un centro de detención mientras avanza su proceso migratorio. Actualmente, ese documento no es considerado equivalente al parole requerido para solicitar residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
USCIS establece que un ciudadano cubano debe haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido parole para ajustar su estatus después de cumplir otros requisitos migratorios.
La controversia aumentó después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración fallara en 2023 en el caso Matter of Cabrera-Fernandez. Esa decisión estableció que la libertad otorgada mediante un I-220A no tiene el mismo valor jurídico que el parole concedido bajo la sección 212(d)(5) de la Ley de Inmigración.
Los abogados de los cubanos argumentan que las autoridades utilizaron una clasificación incorrecta al liberarlos tras su llegada a la frontera. Según su posición, el DHS debió otorgar parole debido a las circunstancias de sus procesos.
La agencia federal rechaza esa interpretación y sostiene que ningún tribunal puede transformar de manera retroactiva un I-220A en parole.
Una audiencia importante dentro de un proceso todavía abierto
Representantes legales han pedido prudencia ante las expectativas generadas por la nueva fecha. El abogado Willy Allen explicó a CaféFuerte que la vista representa una etapa más dentro de un litigio que podría extenderse con nuevas apelaciones y recursos.
Además de Prada, en la representación participan las abogadas Claudia Cañizares, de Canizares Law Group, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
La audiencia del 2 de septiembre podría determinar si la demanda avanza como acción colectiva o si enfrenta nuevas limitaciones judiciales. Para miles de cubanos con I-220A, el resultado será otro capítulo en una disputa legal que mantiene pendiente su futuro migratorio en Estados Unidos.
