Los ciudadanos cubanos que incumplan con las nuevas normativas de higiene y ornato público aprobadas por el Gobierno Provincial de La Habana, para intentar controlar la crisis de salubridad de la ciudad, podrían enfrentarse a multas de hasta 4.000 pesos cubanos (CUP), según un artículo publicado en el portal del Ciudadano de La Habana.
La resolución 190 del 2023, que entrará en vigor a partir del 20 de septiembre de 2023, contempla como delito más grave el depositar desechos sólidos prohibidos en contenedores domiciliarios. En ese caso se encuentran escombros, metales, maderas y otros materiales industriales que no pueden ser manejados por los escasos camiones de basura que funcionan en la capital.
Por otra parte, se contemplan multas de entre 2.500 y 3.000 CUP para las personas que sean detectadas arrojando basura fuera del horario preestablecido o muevan los contenedores públicos sin autorización.
Esta nueva disposición anula la resolución 87 del 2022, la cual establecía sanciones menos rigurosas por dichas contravenciones. Según las autoridades, la motivación principal de este cambio legislativo es combatir la suciedad que aqueja a la capital, considerada una de las ciudades más afectadas por este problema en el territorio nacional. Al elevar las cuantías de las mutas por encima de un salario mínimo, e incluso llegar a un salario medio, en teoría desincentivaría la comisión de estas conductas.
Para velar por el cumplimiento de las nuevas leyes están facultados los miembros de la Dirección de Inspección Provincial y Municipal, la Policía Nacional Revolucionaria y otros cuerpos inspectores; aunque también se apela a las denuncias ciudadanas.
Solo el 40% de los camiones recolectores de basura está en funcionamiento
La Habana enfrenta una grave crisis de basura, pues solo el 40% de los equipos de recolección de Servicios Comunales está en funcionamiento. Esto ha llevado a que más de la mitad de los 23.814 metros cúbicos de residuos sólidos que se producen diariamente no sean recolectados, resultando en la acumulación de desechos y el aumento de enfermedades.
A pesar de haber recibido donaciones de camiones recolectores de Europa y Japón, el 60% de la flota está fuera de servicio debido a problemas con neumáticos, baterías y llantas. La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, describió la situación como “crítica”.
Por otro lado, el primer ministro Manuel Marrero Cruz sugirió que la responsabilidad de mantener la ciudad limpia recae en sus habitantes, minimizando la incapacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos.
