Jorge Luis Vega García, exteniente coronel del Ministerio del Interior de Cuba, fue detenido este martes en Estados Unidos por autoridades migratorias, luego de que salieran a la luz testimonios que lo vinculan con actos de represión en prisiones cubanas.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto, que fue divulgado por Martí Noticias. La detención se produce en un contexto de creciente presión por parte del exilio cubano.
En marzo de 2025, el congresista Carlos Giménez envió una solicitud formal a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que incluyó una lista con cien nombres de ciudadanos cubanos vinculados al régimen castrista que debían ser investigados. Jorge Luis Vega García figuraba entre los señalados, y se solicitaba la revisión de su presencia en territorio estadounidense.
El represor habría ingresado de forma legal al país el 20 de enero de 2024 a través del Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, tras ser beneficiado por el programa de parole humanitario, creado para facilitar la entrada de ciertos migrantes, entre ellos los cubanos.
Según una investigación de Mario J Pentón, durante años, el exoficial ocupó cargos de responsabilidad en los centros penitenciarios Agüica y Canaleta, ambos ubicados en la provincia de Matanzas. Antiguos presos políticos lo identifican como uno de los responsables de tratos crueles y degradantes dentro del sistema penitenciario.
Las denuncias incluyen agresiones físicas, encierros prolongados, amenazas constantes y represalias por motivos políticos. Entre quienes lo acusan se encuentran exprisioneros encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, una ola represiva que marcó un punto de inflexión en la disidencia cubana.
El arresto se produce luego de la difusión del reportaje periodístico expuesto en Martí Noticias, que recogió los testimonios de varias de sus presuntas víctimas. En esas declaraciones, se le señala directamente por aplicar torturas y abusos contra reclusos vinculados con la oposición al gobierno.
A pesar de ese historial, Vega había iniciado trámites para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que permite a ciudadanos cubanos regularizar su estatus tras un año de residencia en territorio estadounidense. No obstante, su solicitud podría ser anulada si se determina que omitió información relevante o falseó datos durante el proceso migratorio.
El caso ha reavivado el debate sobre las debilidades del programa de parole, al que algunos expertos critican por no contar con mecanismos eficaces para detectar antecedentes de violaciones a los derechos humanos entre los beneficiarios.
Activistas desde el exilio han expresado preocupación por la posibilidad de que otros individuos vinculados con la represión en Cuba hayan logrado ingresar al país sin ser identificados.
Por el momento, se desconoce si Vega García enfrentará un proceso judicial formal o si se procederá con su expulsión del país. ICE tampoco ha emitido detalles sobre los pasos siguientes tras la detención.
Este caso se suma a las acciones contra exfuncionarios cubanos señalados por su implicación en actos represivos en la Isla y que entraron a EEUU en medio de la ola migratoria del gobierno de Joe Biden.
