El régimen cubano movilizó este viernes decenas de ómnibus estatales hacia la Tribuna Antimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, para garantizar asistencia al acto político convocado en respaldo a Raúl Castro, imputado esta semana por la Justicia estadounidense por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
La concentración comenzó desde temprano en la mañana y estuvo encabezada por Miguel Díaz-Canel, mientras crecían las críticas por el uso de recursos públicos en medio del colapso del transporte y la crisis de combustible que afecta al país.
La denuncia sobre la movilización fue divulgada por el periodista independiente Mag Jorge Castro a través de la red social X. “El régimen moviliza el transporte público para el acto oficialista convocado por la imputación de Raúl Castro.
En plena crisis de combustible, decenas de ómnibus repletan las calles alrededor de la Embajada de EE.UU.”, escribió junto a una fotografía donde se observan largas filas de autobuses azules estacionados en las inmediaciones de la sede diplomática.
⚠️⚠️El régimen moviliza el transporte público para el acto oficialista convocado por la imputación de Raúl Castro.
En plena crisis de combustible, decenas de ómnibus repletan las calles alrededor de la Embajada de EE.UU. pic.twitter.com/IufrvjPKXd
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) May 22, 2026
Las imágenes difundidas contrastan con la situación diaria que enfrentan miles de cubanos para trasladarse dentro de la Isla. Durante los últimos meses, el propio Gobierno reconoció la reducción drástica de las capacidades del sistema de transporte.
En enero, autoridades del sector admitieron que apenas se cumplía el 42 % de las operaciones previstas a nivel nacional debido a la falta de combustible y piezas de repuesto.
En La Habana, la empresa Transportación Habana TH informó en febrero la paralización de varias rutas por la escasez de diésel. La situación también golpeó a otras provincias.
En Ciego de Ávila solo permanecían activas dos de las 135 rutas de autobuses durante marzo, mientras que en Las Tunas quedaron suspendidas las salidas interprovinciales desde comienzos de febrero.
A pesar de ese escenario, la convocatoria oficial movilizó recursos estatales para asegurar presencia masiva en el acto político. La actividad fue organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas y promovida por el Partido Comunista de Cuba, que calificó la imputación de Raúl Castro como “un acto despreciable e infame del Departamento de Justicia”.
Desde la víspera, Díaz-Canel impulsó la consigna oficial: “El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta”. Sin embargo, la ausencia del propio Raúl Castro llamó la atención entre observadores y usuarios en redes sociales, quienes esperaban verlo al frente de la concentración organizada en su defensa.
El Ministerio de Transporte había anunciado apenas días antes nuevos recortes en las frecuencias nacionales. A partir del 18 de junio, las rutas entre La Habana y varias provincias operarán solo tres veces por semana.
Destinos como Manzanillo y Baracoa quedarán reducidos a una sola salida semanal, medida que incrementó el malestar entre pasajeros y trabajadores.
La movilización para respaldar a Castro también coincidió con reportes sobre actos políticos organizados en centros laborales estatales desde el 20 de mayo. Trabajadores de entidades públicas fueron citados durante horarios laborales para expresar apoyo al exmandatario cubano.
La imputación presentada en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche fue aprobada el 23 de abril por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida. Los cargos responsabilizan a Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. El hecho dejó tres ciudadanos estadounidenses y un cubano residente en Estados Unidos muertos.
Junto a Castro fueron acusados otros cinco exmilitares cubanos. La acusación incluye conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves civiles.
Aunque el proceso judicial tiene escasas posibilidades de ejecución práctica debido a la negativa previsible de Cuba a extraditar a sus dirigentes, el caso reactivó tensiones políticas y provocó una nueva ofensiva propagandística del régimen dentro de la Isla.
